Chiapas. Este miércoles, un grupo de madres buscadoras y familiares de víctimas de feminicidio comenzaron una huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno de Chiapas. Con esta protesta, buscan que el nuevo gobierno estatal, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez, atienda sus demandas de justicia en medio de la crisis de violencia vinculada al crimen organizado en la región.
Adriana Gómez Martínez, madre de Jade, quien fue asesinada en 2020, expresó su desesperación ante la grave situación que atraviesa el estado.
“Esperemos que el gobernador Eduardo Ramírez de verdad haga algo, porque aquí en Chiapas es un cementerio clandestino. Hemos visto las fosas que han encontrado los caninos, imágenes donde cómo los queman. Entonces, ya debemos de dejar de ser omisos ante la realidad”, expresó.
El colectivo “Madres en Resistencia”, acompañado de activistas, se instaló en las afueras del Palacio de Gobierno con pancartas, mantas y un ataúd decorado con fotos de sus seres desaparecidos. En él colgaron cruces rosas y negras, así como los zapatos de las víctimas.
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Las madres, hijas, hermanas y esposas de las víctimas han estado luchando por años sin obtener respuestas de las autoridades. Leyvi Arreola, hermana de Victoria Arreola, víctima de feminicidio en Tonalá, Chiapas, destacó que llevan dos años esperando la apertura de una audiencia en contra de Javier Antonio, alias “el Cachi”, acusado de este crimen.
A las 16:00 horas, las 12 integrantes del colectivo iniciaron la huelga de hambre indefinida, exigiendo que sus casos sean atendidos. En sus pancartas se leían mensajes como: “La justicia no tiene madres” y “¿Dónde está mi mamá Cassandra?”.
La manifestación también contó con el apoyo de los familiares de siete mujeres de San Cristóbal de las Casas, desaparecidas el 23 de noviembre en el municipio de Emiliano Zapata. A pesar de la gravedad del caso, las autoridades no han proporcionado información relevante.
Según la asociación “Madres en Resistencia”, Chiapas registra alrededor de mil 400 personas desaparecidas, aunque advierten que el subregistro podría ser mucho mayor debido al miedo a denunciar. Este plantón tiene lugar en un contexto de violencia generalizada vinculada a los carteles del narcotráfico en la frontera sur de México, y la falta de acción por parte del gobierno estatal ante los crecientes feminicidios, desapariciones y asesinatos en la región.
