México.- Este jueves 30 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la llamada la Ley 3 de 3, la cual impide a los deudores de pensiones alimenticias y aquellas personas que hayan recibido una sentencia por violentar a una mujer, acceder a candidaturas o cargos dentro del sector público.
Con un total de 455 votos a favor y 25 abstenciones del PT, el Pleno avaló la reforma que modifica los artículos 38 y 102 de la Constitución, en materia de suspensión de derechos para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.
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Este decreto se encuentra dirigido específicamente a políticos y funcionarios públicos de todos los Poderes de la Unión y de los gobiernos federal, estatales y municipales, e impedirá que personas deudoras de pensiones alimenticias, acosadores sexuales y a quienes han violentado las mujeres, sean candidatos a puestos de elección y a cargos públicos.
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La diputada Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena, destacó el trabajo en conjunto entre las legisladoras de todas las fuerzas políticas para sacar adelante esta iniciativa, pues comentó:
Con esta reforma se da certeza a víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores en puestos de elección como servidores públicos y se les dice claramente que no volverán a ocupar sus cargos si perpetúan estas prácticas (…) Este es un mensaje social muy claro: ninguna persona agresora tendrá cabida ni espacio en este ningún otro gobierno, ninguna persona agresora o deudora alimentaria morosa podrá percibir ingresos del erario público porque nuestros impuestos no pueden ser destinados a cubrir los gastos de quienes atentan contra la vida e integridad de las mujeres.
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El diputado y vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, presentó una moción suspensiva para que se retirara el dictamen, pues aseguró que la medida no solo será ineficiente para erradicar la violencia contra las mujeres, sino que también “se acusa de todo y de manera injusta” a todos los presuntos responsables de algunas de estas faltas, por lo que solicitó una precisión de las sanciones.
No obstante, la moción de Noroña fue rechazada y el dictamen finalmente fue turnado al Senado de la República para su discusión, aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
