Hermosillo, Sonora. La defensa legal del exboxeador Julio César Chávez Jr. ha interpuesto un juicio de amparo indirecto, argumentando que está siendo víctima de una privación de la libertad e incomunicación, violando sus derechos fundamentales.
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La solicitud de amparo fue presentada el 19 de agosto, un día después de que el gobierno estadounidense lo deportara y lo entregara a la Policía Federal Ministerial en la garita fronteriza Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora.
El amparo busca que un juez federal ordene el cese inmediato de cualquier acto que vulnere la libertad personal del exboxeador y que se le permita establecer comunicación con sus abogados y familiares. La defensa busca con este recurso legal salvaguardar los derechos de su cliente y obtener condiciones que garanticen su integridad durante el proceso penal que enfrenta.
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De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, Chávez Jr. fue trasladado y recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 (Cefereso 11) de Hermosillo, un penal de máxima seguridad.
La detención de Chávez Jr. se produjo el pasado 2 de julio en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en marzo de 2023 por un juez federal en México. Las investigaciones lo relacionan con presuntos vínculos al crimen organizado y tráfico de armas, específicamente con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
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El caso ha generado gran expectación, no solo por la figura pública del exboxeador, sino también por los detalles de su deportación. La próxima audiencia de Chávez Jr., en la que se definirá si será o no vinculado a proceso, está programada para el sábado 23 de agosto, en un tribunal de Hermosillo. Mientras tanto, el pugilista permanece bajo un estricto dispositivo de vigilancia en el Cefereso 11.
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