México.- Este martes 28 de abril de 2026, el juez de control de Jalisco, Juan José Rodríguez Velarde, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir el caso en contra de Naasón Joaquín García – líder de la iglesia la Luz del Mundo – y otros integrantes de la misma organización religiosa.
En continuación de la audiencia celebrada el lunes en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Puente Grande, el juez revocó la decisión de la FGR de dar carpetazo al asunto, solicitando que se de continuación a la investigación por los delitos de tráfico de menores y abuso sexual.
El juez aclaró que, por el momento, Naasón Joaquín no tiene calidad de imputado, ya que únicamente se revisó si había elementos para reabrir una carpeta de investigación en su contra, mientras permanece retenido en una prisión de Estados Unidos.
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Víctimas del líder de la Luz del Mundo se pronuncian
Sóchil Martín y Sharim Guzmán, víctimas que escaparon e impugnaron el no ejercicio de la acción penal de la FGR, señalaron que en la diligencia el Ministerio Público Federal se dedicó a defender el carpetazo al asunto y a solicitar que el juez lo avalara:
Con sus acciones, la FGR se esforzó activamente en intentar que se cerraran las puertas de la justicia a cientos de víctima de la Luz del Mundo, entre ellas niñas y niños que han sido abusados y explotados sexualmente por la cúpula de dicha iglesia.
Este caso evidencia que las víctimas pueden acceder a la justicia cuando existen jueces de carrera judicial, como es el caso de Juan José Rodríguez Varela, y no del acordeón, que garantizan la imparcialidad en la toma de decisiones.
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Cargos que enfrenta el líder de la Luz del Mundo
–Conspiración de crimen organizado: Se le acusa de operar una organización criminal denominada “Empresa Joaquín La Luz del Mundo” para facilitar abusos.
–Tráfico sexual: Por reclutar y transportar a mujeres y menores con fines de explotación sexual.
–Explotación infantil: Incluye la producción de material audiovisual de abuso sexual de menores.
–Delitos financieros: Relacionados con el lavado de dinero y el transporte de efectivo no declarado a través de las fronteras.
–Obstrucción de la justicia: Por presuntamente destruir evidencia e intimidar a víctimas para evitar denuncias.
