Investiga CNDH desaparición de activistas en Michoacán

Cd. de México.-  La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos inició una investigación un expediente de queja con
motivo de los hechos que se suscitaron entre Comuneros de Santa María
Ostula y pequeños propietarios de ?La Placita?, pertenecientes al
municipio de Aquila, Michoacán.
Los quejosos manifestaron que entre el 6 de octubre y el 6 de
diciembre de 2011, ocurrieron diversos homicidios y la desaparición de
varios ejidatarios, sin que a la fecha se hayan ejercido las acciones
penales correspondientes ni se hayan logrado restablecer la paz y el
orden públicos.
Destacan, el homicidio del activista indígena Pedro Leyva Domínguez,
representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en la
comunidad citada y de José Trinidad de la Cruz Crisóstomo, comunero de
Santa María Ostula, al igual que la desaparición de Gerardo Vera Orcino,
Javier Martínez Robles y Francisco de Asís Manuel, pertenecientes a esa
población.
Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos sobre la
presunta violación a los derechos humanos, la Comisión Nacional acudió
al municipio y zona en conflicto donde solicitó información a las
autoridades federales, estatales y municipales, a fin de conocer los
antecedentes del asunto y allegarse las constancias que permitan conocer
la verdad histórica de los hechos.
La CNDH ha observado que las autoridades han sido omisas para
profundizar en la investigación de los hechos, lo que pone en evidencia
la dilación para su debido esclarecimiento, circunstancia que coloca a
las víctimas y a sus familiares en una doble situación de
vulnerabilidad, ya que además de sufrir las consecuencias del acto
criminal, padecen la inactividad de la autoridad para resolver las
indagatorias y llevar a juicio a los presuntos responsables.
Para la Comisión Nacional la investigación sobre los hechos que se
denuncian ante la autoridad ministerial debe ser efectiva, orientada
hacia el esclarecimiento y la determinación de la realidad sobre lo
ocurrido, y a que esa investigación constituya un recurso exacto y se
asegure el derecho al acceso a la justicia de las familias de las
víctimas.
En razón de lo anterior, la CNDH considera prioritario que las
autoridades involucradas, generen acciones que garanticen la protección
de los derechos humanos, la seguridad pública y la debida procuración de
justicia de los habitantes de las comunidades indígenas.CHG