México.- La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que han llegado 273 peticiones; de las cuales, en 250 casos ya se brindó la seguridad necesaria y 23 fueron declinadas por los propios peticionarios.
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La funcionaria federal aclaró que al momento no hay ningún análisis de riesgo pendiente para otorgar seguridad y recordó que junto con el INE se elaboró un plan para dar seguridad a las candidatas y candidatos que lo requieran y que consiste en lo siguiente:
- El INE recibe las solicitudes de protección y las hace del conocimiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
- La SSPC establece la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que valora el riesgo y define el nivel de protección.
- Con esa información se responde al INE para que informe a los partidos políticos y candidatos.
- A la SSPC y Secretaría de Gobernación toca supervisar que el servicio se otorgue de acuerdo al nivel de riesgo establecido: alto, medio o bajo. Dependiendo de lo anterior, corresponde a la Guardia Nacional dar atención a los candidatos.
Reiteró que el gobierno federal brinda protección a las personas que compiten por la Presidencia de la República, las nueve gubernaturas estatales y al Congreso de la Unión; en tanto, a los gobiernos estatales y municipales corresponde hacer lo mismo con quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local.
Agregó que en la SSPC también se instaló una Mesa, que opera 24 horas al día, para vigilar y dar seguimiento a esta estrategia.
“Decirles a quienes participan en este proceso electoral que las autoridades de los tres niveles de gobierno continuamos en la atención de sus requerimientos de seguridad, para hacer efectivo el derecho de la población de elegir libremente a sus autoridades en un ambiente de paz”, dijo.
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Homicidios de candidatos durante el proceso electoral 2024
En tanto, durante el actual proceso electoral, que inició el primero de octubre, se tiene registrado el homicidio de una candidata y cinco precandidatos con registro oficial ante sus partidos políticos.
Además, se presentaron nueve homicidios de personas aspirantes, quienes aún no contaban con registro oficial ante sus partidos políticos o ante las instituciones electorales, pero habían sido mencionadas para un cargo de elección popular o en algún momento manifestaron su deseo de competir.
La Fiscalía General de la República y las fiscalías locales están a cargo de las investigaciones para que haya justicia.