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Gobernadores de los 32 estados del país piden la SCJN no eliminar la prisión preventiva oficiosa

Los gobernadores de todo el país, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sostienen que la eliminación de la medida pondría en riesgo la seguridad pública.

Norma Piña Hernández, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Norma Piña Hernández, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación | Internet

México.- Este lunes 6 de mayo, las y los gobernadores de los 32 estados de México presentaron un recurso “Amicus Curiae” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el cual han solicitado a la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, que mantenga la medida de prisión preventiva oficiosa.

En la solicitud, firmada por los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se hace un llamado a mantener la supremacía constitucional sobre cualquier norma internacional, aún más cuando esta es considerada necesaria para garantizar la seguridad pública en todo el territorio mexicano.

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El pronunciamiento de los gobernadores, entre los cuales también se encuentra el primer mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, surge como respuesta a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual considera inconvencional la prisión preventiva oficiosa.

De este modo, los gobernadores coinciden en que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa tendría un grave impacto en la seguridad pública, pues la medida es vital para contener los delitos de alto impacto y de clara repercusión social, que en su momento fueron considerados graves.

En la misiva los líderes estatales hacen un llamado a la SCJN, y de manera específica a la ministra Norma Piña, para que considere sus argumentos, ya que la decisión sobre este tema impactaría directamente en la seguridad y gobernabilidad del país.

En el documento se lee:

Hacemos un llamado respetuoso para que la SCJN considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese Poder tendría en la seguridad pública de nuestros gobernados.

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Fuente: Línea Directa

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Alejandra Bedoya

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