México.- La Fiscalía General de la República (FGR) reveló este martes 12 de mayo de 2026 que ya alista una solicitud formal de extradición para el contralmirante Fernando Farías Laguna, esto luego de que el gobierno de Argentina – país donde fue detenido el pasado mes de abril – rechazara deportarlo o expulsarlo.
Según fuentes de la FGR, se realizará una petición formal a las autoridades argentinas antes del 28 de junio, fecha en la que se vence el plazo para realizar el trámite a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Mientras tanto, el plazo de 60 días para concretar el traslado de Farias Laguna para que comparezca ante el juez que lo requiere por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, sigue corriendo.
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Fernando Farías solicita asilo político en Argentina
Días atrás, el abogado de Fernando Farías informó que el ahora detenido solicitaría asilo político a las autoridades de Argentina, debido a que su vida presuntamente corre riesgo si es trasladado a México.
Sobre esto, el abogado aseguró que a su cliente se le pretende relacionar como líder de una organización criminal, cuando habría sido él quien denunció la red de huachicol fiscal en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Fuentes de la FGR aseguran tener pruebas sólidas en caso de huachicol fiscal
Según fuentes de la FGR, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, acusados de encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, no “son chivos expiatorios”, pues aseguraron que cuentan con pruebas sólidas y suficientes de su presunta implicación en el tráfico ilegal de hidrocarburos durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
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¿De qué se acusa a Fernando Farías?
De acuerdo con investigaciones federales, el contraalmirante es señalado como uno de los presuntos líderes de una red criminal dedicada al llamado “huachicol fiscal”, un esquema que consiste en introducir combustible al país sin pagar impuestos mediante operaciones simuladas en aduanas y puertos.
Este entramado habría operado durante varios años en puertos clave como Tampico, Manzanillo y Altamira, con la participación de funcionarios, empresarios y personal militar. Las autoridades estiman que este tipo de fraude generó pérdidas millonarias al país.
