México.- La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer nuevos detalles sobre la investigación de una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos por vía ferroviaria, cuya operación habría provocado un perjuicio superior a los 4 mil millones de pesos a la hacienda pública.
De acuerdo con la institución, la organización contaba con una estructura que incluía puntos de recepción, almacenamiento y distribución de combustible en diversas entidades del país, lo que evidencia el alcance de la red y su capacidad logística para operar a nivel nacional.
A través de un comunicado emitido este lunes 27 de julio de 2026, La FGR precisó que la investigación comenzó con el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, cuyas condiciones representaban un riesgo para la población y la seguridad industrial debido a las altas temperaturas y al desconocimiento de la sustancia que contenían.
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Posteriormente, tras realizar las debidas inspecciones y continuar con las diligencias, la FGR identificó otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, los cuales presentaban características similares de importación irregular: únicamente se habría declarado el 10 % de lo que realmente transportaban.
Esto permitió reconstruir una ruta ferroviaria utilizada para el traslado de combustible presuntamente importado de manera irregular, además de identificar a personas y empresas relacionadas con la operación.
Estructura empresarial detrás de la operación de contrabando
Según la FGR, el análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, documentación ferroviaria e información corporativa permitió identificar a una empresa constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México como la principal importadora.
La sociedad fue creada inicialmente por José “N” y dos personas morales. Sin embargo, un par de meses después, en octubre de 2018, Ernesto “N” se incorporó al capital variable de la empresa y, para 2021, figuraba como accionista y Secretario del Consejo de Administración.
Desde entonces, ambos participaron conjuntamente en diversos actos corporativos relacionados con la administración, el comercio exterior, gestiones fiscales y aduaneras, así como en la representación legal de la empresa.
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FGR descarta persecución política en investigación por contrabando de hidrocarburos
La Fiscalía señaló que las investigaciones revelaron la posible participación de las personas vinculadas a proceso en días recientes – entre ellas Ernesto “N” – a la red de contrabando de hidrocarburos, por lo que aseguró que el caso no deriva de “una persecución política”, como lo han acusado diversos personajes a nivel nacional:
Fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política.
(…) Ernesto “N” no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido.
Por otro lado, la dependencia recordó que el delito de delincuencia organizada contempla prisión preventiva oficiosa conforme a la Constitución, por lo que las personas imputadas por ese ilícito no pueden enfrentar el proceso en libertad.
Pruebas reunidas por la FGR sobre red de contrabando
La Fiscalía preció que, hasta la fecha, ha integrado 96 datos de prueba relacionados con esta red de contrabando de hidrocarburos, entre los que destacan:
- Dictámenes periciales en química para identificar el tipo de hidrocarburos.
- Estudios en ingeniería mecánica y eléctrica para determinar la capacidad real de los ferrotanques.
- Dictámenes en fotografía para documentar técnicamente los hallazgos.
- Peritajes en criminalística para preservar y correlacionar los indicios.
- Análisis de identificación para establecer si el combustible asegurado corresponde a gasolina o diésel.
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Perjuicio fiscal supera los 4 mil millones de pesos
Finalmente, la FGR precisó que, hasta ahora, la imputación formal contempla un perjuicio fiscal superior a 100 millones de pesos, derivado del presunto contrabando relacionado con 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025.
No obstante, indicó que el cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas y el Servicio de Administración Tributaria permitió detectar más de 4 mil operaciones presuntamente irregulares durante el primer semestre del año, por lo que el daño patrimonial podría ascender a más de 4 mil millones de pesos.
