Ciudad de México.-La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
(Fepade) tiene listo un blindaje de ‘tercera generación’ para evitar
que candidatos o gobernantes involucrados al narcotráfico rindan
protesta como representantes populares.
El titular la Fepade, José Luis Vargas Valdez, indicó que el objetivo es
atacar ‘desde todos los frentes’ este flagelo para atenuar el peligro
que representa la amenaza del narcotráfico en los comicios de 2011 y los
presidenciales de 2012.
‘Creo que estamos todavía en una fase digamos previa, donde tenemos
capacidad de evitar que lleguen a existir gobernantes o representantes
populares claramente involucrados con ese tipo de actividades ilícitas’,
comentó en entrevista.
Refirió que ‘blindar’ las campañas y precampañas requiere la aprobación
en el Congreso de la Unión de una reforma penal electoral que permita
sancionar el uso de recursos de origen ilícito, públicos o de cualquier
índole.
Otro objetivo, detalló el funcionario, es penalizar la desviación de
programas sociales para apoyar actos político-electorales y sancionar la
comercialización de la información contenida en el padrón electoral.
Vargas Valdez adelantó que con ese objetivo, durante el primer bimestre
de 2011 el gobierno federal enviará la iniciativa de reforma al
Congreso, a fin de que sea discutida y, en su caso, aprobada por el
Poder Legislativo.
Se trata, explicó, de hacer énfasis con las fuerzas políticas en las
reglas del juego con las que querrán jugar en el próximo proceso
electoral federal en los temas más sensibles y delicados para ganar una
contienda, como preservar la equidad y el buen clima electoral.
El titular de la Fepade aclaró que si los partidos no aprueban las
nuevas reglas del juego, ‘tendrán que asumir la responsabilidad de que
quieren seguir con normas que son imperfectas, son obsoletas, superan la
realidad que hoy nos preocupan a todos’.
De tal suerte que ellos ‘tienen la última palabra, son el poder que les
toca decidir la aprobación de leyes (…) y en caso de que no se
quieran, también tendrán que asumir la responsabilidad de que esas son
las reglas del juego con las que se quiere ir al próximo proceso
electoral federal que sin duda va a ser muy competido’, expresó.
A juicio del fiscal, el narcotráfico y el crimen organizado ‘están
trastocando el principio que deben tener los procesos electorales, que
debe de ser el concepto de una fiesta cívica’.
Para nadie es ajeno que en ciertas regiones del país ‘hay preocupación
por la presencia cada vez más activa e intimidatoria de estos grupos
armados y de estos grupos delictivos, y eso creo que es algo que afecta
mucho a la sociedad y tenemos que atacarlo’, puntualizó.
Vargas Valdez insistió en que ‘estas cuestiones que estamos mencionando
(narcotráfico) a todos afecta. Hay una conciencia de que constituyen
afectaciones al proceso electoral y hoy puede ser la víctima un partido y
el día de mañana, el otro’
Explicó que el objetivo de las reforma es que la Fepade conozca la
eventual participación de la delincuencia organizada durante cualquier
etapa de los procesos electorales locales y federales, así como
contemplar el periodo de precampañas y ampliar penas y agravantes.
‘Se trata de reformar el Artículo 24 del Código Penal Federal relativo a
los delitos electorales’, expuso al mencionar que la revisión al marco
legal vigente busca ‘actualizar’ el catálogo de delitos electorales
contemplados en dicho Código, que data de 1996.
Ello, precisó, porque ‘ha habido una sofisticación en la capacidad de
delinquir en materia electoral; los partidos son cada vez entidades más
complejas, más plurales y tienen prácticas mucho más complejas de lo que
en ese entonces existía, esto es, de coacción de voto’.
Resaltó que ahora existen nuevos fenómenos que antes no estaban
previstos y que amenazan los procesos electorales y sobre todo que
generan también desequilibrios ‘tanto por miedo, como es el crimen
organizado, como también que generan desequilibrios por apoyos indebidos
que afectan la equidad en la contienda electoral’.
A pregunta expresa, José Luis Vargas comentó que durante el proceso
electoral de 2010 fueron reportados 159 delitos y se presentaron 155
denuncias, de las cuales sólo dos fueron consignadas y 104, es decir 67
por ciento, están en proceso de integración de la averiguación previa.
En tanto, de los 159 delitos electorales registrados, 54 por ciento
corresponden a conductas relacionadas con sanciones a situaciones de
compra y coacción del voto.
El funcionario de la PGR mencionó que 235 personas fueron denunciadas y
de ellas 52 por ciento corresponden a servidores públicos, 13 por ciento
a funcionarios de partidos políticos, 18 por ciento a particulares y 17
por ciento a quien resulte responsable.
En su opinión se requiere de hacer un cambio ‘con lo que hoy está en
nuestras posibilidades hacer respecto al marco legal que tenemos para
actuar’.
