México.- Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez presentó algunos datos sobre el juicio que se lleva a cabo en el estado de Florida en contra de Genaro García Luna y de una serie de personas y empresas que formaron parte de la red de corrupción encabezada por el exsecretario de Seguridad.
En el tiempo que ejerció su cargo como secretario y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero en beneficio de él y sus socios cercanos.
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Un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México a partir de los que se extrajeron recursos públicos de un monto de 745.9 millones de dólares. “Y sigue el examen de otras operaciones, no hemos terminado“
Estos beneficios fueron transferidos al extranjero, mediante mecanismos dirigidos a ocultar su rastro y aplicados a la adquisición de bienes, muebles e inmuebles, así como otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida.
El actual gobierno de México, por conducto de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó la red de corrupción de García Luna, su operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos.
“Consecuencia, incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación y presentó denuncias a la FGR el 24 de diciembre del 2019 por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero”
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Presentó un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción y el producto de estos mismos por 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos.
Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en la trama de corrupción, expresó Gómez.
Inmuebles asegurados
Muebles que fueron vendidos antes del inicio del juicio y una serie de vehículos que fueron adquiridos
Pablo Gómez declaró que García Luna y sus socios no tenían recursos en el Sistema Financiero Mexicano y utilizaron éste mismo para sacar los recursos que cobraban en los contratos, por lo que terminó siendo bloqueado. Mencionó que el asunto llegó a tal extremo de que al gobierno de la Ciudad de México se le cobrara un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado.
