Washington, Estados Unidos.- Leal
colaborador de la estrategia contra los cárteles de la droga durante el
sexenio del presidente Felipe Calderón, el gobierno de Estados Unidos ya
mostraba en privado sus dudas y criticaba en informes clasificados
desde el 2010 los resultados y las “consecuencias no deseadas” que dejó
tras de sí el despliegue del Ejército y la decapitación de algunas
organizaciones criminales que dieron paso a “personal con menor
experiencia e indisciplinado” que disparó “el repunte de asesinatos
relacionados con las drogas”.”Mientras que la ofensiva de Calderón
ha añadido presión sobre las organizaciones narcotraficantes, también
ha dado lugar a algunas consecuencias no deseadas”, establece el reporte
elaborado en agosto del 2010 por la unidad de inteligencia del
Departamento de Estado que ha sido desclasificado y difundido por la
página de los Archivos Nacionales.El documento forma parte de
una colección de informes desclasificados que permiten recomponer la
fase más violenta de la guerra contra los cárteles de la droga, su
disputa por el control de las rutas y la expansión de los cárteles,
principalmente, el de Los Zetas, que se convirtieron en el azote de las
corrientes de migrantes que cruzaban la República Mexicana desde
Centroamérica.La colección de documentos, redactados entre el
2007 y el 2012, coinciden con el aumento de la colaboración entre México
y Estados Unidos con el despliegue de vuelos no tripulados o drones
para localizar a los capos de la droga y el intercambio de información
de inteligencia a través de los llamados centros de fusión hacia ambos
lados de la frontera.A lo largo de memorándums y reportes
clasificados, los servicios de inteligencia del Departamento de Estado,
las agencias federales como la DEA y funcionarios de los consulados y
embajada de Estados Unidos
en México, hacen una composición de escena de la ingobernabilidad y la
“casi absoluta impunidad” con la que llegaron a operar los carteles de
la droga en la parte norte de México.En la relación de reportes
transmitidos a Washington, destaca el estupor y alarma ocasionados por
la matanza de los 72 inmigrantes en la localidad de San Fernando en
agosto de 2010 en la que el gobierno de México trató de minimizar su
responsabilidad, según la relación de cables e informes transmitidos por
el consulado de Estados Unidos en Matamoros.En los documentos,
se establece que el 2007, las corrientes de migrantes provenientes desde
Centro y Sudamérica se enfrentaban a un ambiente cada vez más violento y
hostil.A pesar de ello, la matanza de San Fernando consiguió
por primera vez llamar la atención sobre una crisis de violencia que se
había sido acallada por el gobierno mexicano.De hecho, según
establecen, dejó al descubierta la inoperancia, la corrupción de un
Instituto Nacional de Migración (INM) que costó el cargo a Cecilia
Romero, una panista y estrecha amiga del presidente Calderón.Los
reportes no ofrecen nada nuevo de lo que los medios en México han
venido reportando en los últimos años, particularmente al fragor de la
guerra contra los carteles que escaló en distintos puntos del país
-principalmente en la frontera con Estados Unidos-, pero contienen la
narrativa que el gobierno estadounidense siempre mantiene en privado
para no afectar las relaciones con un país amigo con el que suscribió un
acuerdo marco de cooperación como la Iniciativa Mérida.En este
sentido, los reportes hacen alusión a los problemas de corrupción, a la
penetración de las instituciones por parte de los carteles, a la
escalada de una violencia inaudita que expuso cuerpos decapitados,
coches bomba, granadas de fragmentación en lugares como Ciudad Juárez,
Tamaulipas o Matamoros.LM
EU criticó estrategia de Calderón contra cárteles
Mostraba en privado sus dudas y criticaba en informes clasificados, los resultados y las 'consecuencias no deseadas'
Fuente: Internet