En Guerrero, la impunidad ante la desaparición forzada es ‘Absoluta’: Open Society

Ciudad de México.- A 26 días de que se cumpla un año de una búsqueda infructuosa de un
país, encabezada por los padres de 43 normalistas rurales
desaparecidos tras haber sido detenidos por policías municipales de
Iguala, es innegable que “el sistema de justicia de Guerrero está
desgastado desde hace mucho tiempo. Los acontecimientos de septiembre de
2014 revelaron rasgos de cacicazgo, autoritarismo, criminalidad,
corrupción, impunidad descarada e incompetencia”.
Ante los reclamos de justicia, el sistema de Guerrero enfrenta ?el
uso generalizado de tortura, la falta de rendición de cuentas;
capacidades y recursos insuficientes o mal gastados; un marco legal
deficiente al investigar y sancionar a los perpetradores directos de
atrocidades y mucho menos para investigar patrones de crímenes en los
que pudieran estar involucradas autoridades de alto rango”, apunta el
informe ?Justicia fallida en el estado de Guerrero?, elaborado por
investigadores nacionales e internacionales de Open Society Justice
Initiative en conjunto con el Centro de Derechos Humanos ?Miguel Agustín
Pro Juárez? (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la
Montaña “Tlachinollan”.
En Guerrero, con el poder de los caciques y la inclinación de las
fuerzas de seguridad hacia la violencia, por décadas, ha sido
“peligroso” protestar en las calles; pero reclamar derechos y justicia
se volvió aún más peligroso con el crecimiento de los cárteles del
narcotráfico en la región (se estima que Guerrero es responsable de
entre el 50% y 70% de la producción total de heroína en México), se
destaca en el informe que será presentado en Chilpancingo este miércoles
dos de septiembre por James Goldston, Director Ejecutivo de Open
Society Justice Initiative y quien, de 2007 a 2008, se desempeñó como
coordinador de investigaciones y abogado litigante principal en la
Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en varios casos
de tortura, contraterrorismo y discriminación racial.
Las desapariciones de Ayotzinapa de septiembre del 2014 atrajeron
atención externa sobre lo que ya era bien conocido en territorio
guerrerense: que muchas autoridades han sido infiltradas por la
delincuencia organizada. De acuerdo con un informe de la PGR, 26 de los
80 grupos criminales identificados en México están asentados en
Guerrero. Documentos de inteligencia revelan que el gobierno federal
sospechaba que al menos 12 presidentes municipales en Guerrero ?ocho de
ellos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que actualmente
ocupa el gobierno? tenían presuntos vínculos con grupos criminales,
subraya la investigación.
Tras las desapariciones de Ayotzinapa, el Ejército asumió el control
de 13 municipios de Guerrero ?porque no se tenía confianza en las
autoridades municipales de seguridad?. Se estima que la delincuencia
organizada tiene ?presencia permanente? en al menos 65 de los 81
municipios de Guerrero.
“Mientras la impunidad por homicidios en Guerrero ha sido
generalizada, la impunidad en casos de desaparición forzada ha sido
absoluta”, advierte Open Society. 
¿Cuántas desapariciones forzadas se han documentado? El Comité de
Familiares y Amigos de Secuestrados y Desaparecidos y Asesinados en
Guerrero, documentó 239 desapariciones entre abril de 2005 y mayo de
2011, con indicios de involucramiento de actores estatales en alrededor
de 200 casos, es decir, casi el 70%. 
La Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero documentó 90
desapariciones involuntarias o forzadas entre 1990 y 2013, y formuló 21
recomendaciones formales relacionadas con dichas desapariciones a las
autoridades estatales que consideró responsables de la violación de
derechos humanos en estos casos. Para 87 de estos casos, el desglose de
las autoridades presuntamente responsables es el siguiente: policía
investigadora del delito de la Procuraduría General de Justicia de
Guerrero con 38 casos; el Ejército mexicano con 17 casos; la policía
federal con 15 casos, la policía preventiva del estado con 15 casos; la
policía preventiva municipal con 16 casos y otras autoridades con 9
casos.
También resulta difícil establecer números precisos sobre el uso de
tortura por parte de la policía, el Ejército y los funcionarios públicos
a cargo de la investigación y persecución del delito, pero la falta de
investigación y sanción en casos de tortura es clara. De alrededor de 54
casos de tortura documentados por la Comisión de los Derechos Humanos
de Guerrero entre 1994 y 2014, nadie ha sido responsabilizado ni ha
rendido cuentas. Entre 2006 y 2014 han habido sólo 6 averiguaciones
previas por tortura. La Fiscalía General de Guerrero no ha presentado
cargos contra persona alguna ni obtenido una sola orden de aprehensión
por casos de tortura.
?En Guerrero, parecería que uno puede, literalmente, salirse con la
suya en casos de homicidio, desaparición forzada o tortura; el sistema
de justicia del estado nunca ha funcionado bien?, apunta el informe. 
“El 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes activistas de la
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos e introducidos en
vehículos policiales en Iguala, Estado de Guerrero. Desde entonces,
ninguno de los estudiantes?43 en total?ha sido visto de nuevo?.
La desaparición de los 43 estudiantes, atribuida a intereses
corruptos entre políticos locales, narcotraficantes y policías, pone de
manifiesto la profunda ausencia de voluntad política para frenar los
abusos y llevar ante la justicia a los agentes estatales implicados en
ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.
Para familiares y compañeros de los 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa, su desaparición representó un dolor
indescriptible y gran conmoción, dolor e ira, pero probablemente no de
sorpresa. Las atrocidades y crímenes violentos son comunes en Guerrero
al menos desde la Guerra Sucia que tuvo lugar en México entre 1969 y
1979. La Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero concluyó que
durante dicho periodo las fuerzas federales y otras fuerzas estatales
cometieron crímenes de lesa humanidad en Guerrero.
Con el auge de los cárteles de la droga y el lanzamiento en 2006 de
una nueva estrategia federal de seguridad para combatir a la
delincuencia organizada, la población de Guerrero se ha visto cada vez
más atrapada entre la violencia del Estado y la de los cárteles,
situación que prevalece a casi un año de la desaparición de los 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y en forma previa
al inicio de funciones del nuevo congreso local el 13 de septiembre de
2015, y del nuevo gobernador electo del estado el 27 de octubre de 2015,
advierte Open Society.JE