México. Las empresas que operan en México ya cuentan con fechas definidas para cumplir con una de sus principales obligaciones fiscales: la presentación de la Declaración Anual correspondiente al ejercicio 2025. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció un calendario que contempla plazos específicos según el régimen bajo el cual tributen las personas morales.
De acuerdo con la autoridad fiscal, el periodo general para presentar la declaración se extiende del 1 de enero al 31 de marzo de 2026; sin embargo, existen excepciones. Las empresas que se encuentren en proceso de liquidación deberán cumplir con este trámite a más tardar el 19 de enero, mientras que las organizaciones sin fines de lucro tendrán como fecha límite el 16 de febrero. Para el resto de las personas morales, incluidas aquellas inscritas en el Régimen Simplificado de Confianza, el vencimiento será el 31 de marzo.
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El SAT precisó que la declaración se realizará a través de una plataforma digital actualizada, diseñada para facilitar el proceso a las empresas. El sistema contará con información precargada, como pagos provisionales, Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), retenciones, comprobantes fiscales por devoluciones, descuentos y bonificaciones, así como saldos pendientes de ejercicios anteriores.
La dependencia recordó que para completar el trámite será indispensable contar con e.firma vigente y acceso a la banca electrónica, ya que los saldos a cargo deberán pagarse mediante transferencia bancaria a instituciones autorizadas para recibir contribuciones federales.
Requisitos tecnológicos y control fiscal
El uso obligatorio de herramientas digitales forma parte de la estrategia del SAT para fortalecer el control fiscal y agilizar la interacción con los contribuyentes. Al centralizar la información y automatizar procesos, la autoridad busca disminuir inconsistencias en las declaraciones y reducir la carga administrativa para las empresas.
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¿Qué busca el SAT con estas nuevas facilidades digitales?
El objetivo es simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, minimizar errores en la presentación de las declaraciones y brindar mayor certeza a las empresas, al mismo tiempo que se fortalece la recaudación y se promueve un manejo más transparente de los recursos públicos.
