México.- Este martes 20 de febrero un juez de amparo de la Ciudad de México le concedió a Emilio Lozoya Austin la posibilidad de llevar en prisión domiciliaria su proceso por el caso Agronitrogenados, por lo que se espera que en las próximas horas el exdirector de Pemex abandone las instalaciones del Reclusorio Norte.
De acuerdo con la información proporcionada por El Universal, el juez Juan Pedro Contreras Navarro, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, propuso conceder la protección de la justicia al exfuncionario, aunque también le impuso algunas medidas cautelares como el uso de un brazalete electrónico, retiro de pasaporte, la prohibición de salir del país y la firma del libro de procesados cada 15 días.
Te puede interesar: Aunque lo ordenó una jueza, inmueble asegurado a Emilio Lozoya no le será devuelto
Esta decisión se tomó en base a que, según el impartidor de justicia, no existen riesgos de que Emilio Lozoya se sustraiga de la acción de la justicia.
No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) ha dado a conocer que apelará a dicha determinación del juez, pues mediante un comunicado acusó que la decisión tomada hoy representa uno más de los privilegios procesales, injustos y desproporcionados, que jueces y magistrados federales han dictado en favor del exdirector de Pemex.
La dependencia destacó que el magistrado Contreras Navarro ha hecho caso omiso de que Lozoya Austin fue aprehendido y extraditado desde España en el año 2020, cuando se dio a la fuga. La dependencia que encabezada por Alejandro Gertz agregó:
La FGR, quiere dejar muy claro que Emilio “N” no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido; y solo ha obtenido de Jueces y Magistrados de la Federación, privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados.
Sigue más noticias como esta en nuestra sección México
La FGR también Se lanzó contra las resoluciones dictadas por el juez de Control Gerardo Genaro Alarcón López y por los Magistrados de los Tribunales de Apelación Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro, las cuales calificó de parciales y ilegales. Además, los acusó de excluir “pruebas que lícitamente fueron obtenidas por la Fiscalía en Brasil y en Suiza, mediante tratados internacionales válidos que México ha suscrito, violando así lo establecido en dichos convenios que tienen respaldo constitucional”.
