La Comisión de Hacienda y Crédito Público analiza una iniciativa de reformas a los artículos 20 y 23 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia a fin de que estas entidades financieras conserven los historiales de personas físicas por un periodo no mayor a 12 meses o máximo de 24 meses en caso de personas morales y no por 72 meses como actualmente sucede.
El promovente de esta iniciativa, el diputado Jorge Alcibíades García Lara, refirió que estas sociedades se encargan de recopilar, manejar y entregar o enviar información sobre el historial crediticio de personas físicas y morales, para efecto de que se les apruebe o rechace una solicitud de crédito; sin embargo, se han convertido en un freno para su otorgamiento.
El legislador por Movimiento Ciudadano recordó que cuando un usuario muestra un retraso en el cumplimiento de sus obligaciones, es reportado como no sujeto de crédito, independientemente que haya solventado sus pagos o regularizado su situación, porque el buró retiene la información por un periodo de 72 meses.
García Lara consideró que esta situación es excesiva; además, no es adecuado que dicho plazo se aplique indistintamente a personas físicas y morales, toda vez que atenta con la posibilidad de acceder a créditos, al negársele adquirir tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecarios o para obtener un automóvil o cualquier otro tipo de bienes.
Detalló que respecto a las personas morales, y particularmente las Pymes, resulta un serio problema, si se toma en cuenta que: “en México, las pequeñas y medianas empresas son agentes productivos clave para el crecimiento y desarrollo económico. Más de 50 por ciento del Producto Interno Bruto se constituye por lo que estas generan”.
De lo anterior, sostuvo la necesidad e importancia de reducir a 12 meses el plazo del buró para las personas físicas y de 24 para las personas morales en consideración a que los montos de los créditos de estas últimas son más altos. Con ello, dijo, se evitaría que caigan en una situación de mínima o de nula inversión para proyectos productivos, lo cual disminuye la generación de empleos y consumo.
De aprobarse esta iniciativa se lograría dar mayor dinamismo a la economía, ya que al contar con empresas con mayor solidez financiera, impactará en mayores niveles de productividad y un abaratamiento en la oferta de sus productos.
Finalmente, apuntó que se evitaría la proliferación de fraudes que se comenten ofreciendo servicios para borrar el historial del Buró de Crédito.
