?México.- Un funcionario de alto nivel de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) ha decidido cooperar con las investigación en torno a la operación “Rápido y furioso”, esto después de las múltiples negativas de la agencia para entregar documentos sobre el caso.
El senador Charles Grassley, quien ha indagado sobre el fallido plan que permitió de forma deliberada la entrada de casi 2 mil armas a México, dijo que el nuevo informante se trata del agente especial George Gillett, titular de la oficina de la ATF en Phoenix, Arizona, donde dio inicio el tráfico vigilado de armas.
A través de una carta dirigida a Kenneth Melson, director de la ATF, el congresista republicano señala que el agente Gillett ha participado en reuniones preliminares con miembros del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos y con miembros del Comité de Supervisión Gubernamental.
En su comunicación con Melson advierte que cualquier intento de represalia contra el agente que coopera en las investigaciones está fuera de la ley.
Grassley manifestó una “grave preocupación” por los esfuerzos de altos funcionarios de la ATF para evitar que sus subordinados hablen con miembros del congreso sobre el tráfico vigilado de armas y en particular la operación “Rápido y furioso”.
En un correo electrónico fechado el 5 de febrero de 2011, la ATF orienta a su personal sobre cómo responder a las solicitudes de contacto por parte de la oficina del senador Grassley y les señala que “no están obligados a responder de ninguna manera” a las preguntas del Congreso.
“Tengo una larga experiencia sobre las represalias contra testigos e informantes. En ocasiones es explícita e inmediata, pero a menudo es sutil y se da hasta que una investigación está terminada”, se lee en el documento escrito por Grassley, quien agrega que sin un contacto directo con el personal de la ATF el Congreso estará imposibilitado para investigar sobre la muerte del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry, quien presuntamente fue asesinado con un arma de la operación “Rápido y furioso”.
La cadena CBS News reveló hace unas semanas que tanto el Departamento de Justicia como la ATF habían hecho caso omiso de las fechas límite para entregar información y documentos al senador Charles Grassley sobre el tráfico vigilado de armas.
Según esos reportes, el director general de la ATF, Kenneth Melson, no asistió a una comparecencia que tenía programada ante un comité senatorial. Días después el presidente del Comité de Supervisión Gubernamental en la Cámara de Representantes, Darrell Issa, dirigió un emplazamiento obligatorio a los máximos responsables de la ATF para que entregaran dichos documentos.
En particular, el congresista exigió a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que entregue “todos los informes” relacionados con los encuentros mantenido en México en el verano del 2010 entre el embajador, Carlos Pascual; el secretario de Justicia, Larry Breuer, y “otros oficiales” para discutir las investigaciones relacionadas con el programa Gunrunner y la fallida operación de “Rápido y furioso”.
