BCS. Un cateo autorizado por un juez federal permitió a autoridades federales asegurar más de 265 kilogramos de marihuana en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, como parte de una investigación en curso por delitos contra la salud. El operativo representó uno de los decomisos más relevantes registrados recientemente en el norte de la entidad.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la acción se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la colonia Libertad, luego de que un imputado proporcionara información que vinculaba el inmueble con el resguardo de droga y otros objetos presuntamente ilícitos. Con esos datos, el Ministerio Público Federal obtuvo la orden de cateo correspondiente.
Durante la diligencia, agentes localizaron 32 paquetes de cannabis sativa, cuyo peso total fue de 265 kilos con 634 gramos. El inmueble quedó asegurado y bajo custodia de la autoridad federal, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables y determinar la ruta de la droga.
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El operativo se realizó de manera coordinada entre la Policía Federal Ministerial y Servicios Periciales de la FGR, con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad perimetral y respaldo logístico durante la intervención.
Operativos recientes y refuerzo de seguridad en el norte de BCS
Este aseguramiento se suma a otras acciones recientes en la región, como el cateo efectuado un día antes en la comunidad de Punta Pescadero, en Cabo del Este, donde fue asegurado un inmueble y 17 cartuchos tras una denuncia anónima. Ambas intervenciones forman parte del reforzamiento de la presencia federal y militar desplegado en municipios como Mulegé, Comondú y Loreto, luego de un repunte de hechos violentos vinculados a disputas entre grupos delictivos.
¿Qué relevancia tiene este decomiso en el contexto actual de seguridad en la región?
El aseguramiento representa un golpe significativo a las estructuras de almacenamiento de droga en el norte de Baja California Sur, una zona considerada estratégica por autoridades debido a su uso para el acopio y posible traslado de estupefacientes dentro y fuera del estado, debilitando con ello la capacidad operativa de los grupos criminales que operan en la región.
