?México.- El cártel de Sinaloa tiene dos bandas armadas en la sierra de Piura, en Perú, dedicadas a la producción de cocaína y mariguana, según una denuncia que la Cuarta Fiscalía Contra el Crimen Organizado presentó al Poder Judicial peruano.
La organización, según publica el diario peruano La República, es dirigida desde Guayaquil y Cariamanga, en Ecuador,
por el colombiano Rubén Castro Gómez, “El Gordo”, quien tiene como
coordinador en Perú al colombiano William Samboni Macías, “Calilla” y
como jefes locales a Ricardo García Chinchay, “Coyote” o “Correcaminos”,
y a Elmer Lazo Torres, “El Negro”.
Según el diario, “el 12 de noviembre pasado la policía intervino uno de
sus laboratorios en una zona de difícil acceso de la sierra de Ayabaca,
pero un jefe policial les advirtió y repelieron la acción policial y
luego se dieron a la fuga”.
La Fiscalía peruana determinó que esta “organización criminal está
conformada por entre 40 y 60 personas, provistas de armas de largo
alcance. Lanza granadas (RPG), granadas de mano y equipos de
comunicación satelital”, precisa la denuncia N° 209-2010 presentada por
el fiscal, Luis Arellano Martínez.
La organización está dividida en dos grupos: uno se encarga del acopio y
procesamiento de la droga en la línea de frontera; y el segundo, del
traslado de la sustancia ilícita hacia el Ecuador, para ser
comercializada en Europa o Estados Unidos.
Las labores de inteligencia descubrieron que esta organización paga
hasta cinco mil dólares mensuales a las autoridades locales y a algunos
policías.
Según el mismo diario, “esa situación demostraría por qué el mayor
comisario de Ayabaca, Miguel Ángel Silva Burgos, les advirtió a tiempo
de la intervención policial, en noviembre último, y se dieron a la
fuga”.
La Fiscalía peruana considera que estas bandas operan en la zona desde
la década de los noventa y son responsables del asesinato de nueve
policías y 16 civiles. Existe relación con la muerte de cuatro policías
en el sector fronterizo de Anchalay y el asesinato del mayor Juan
Benites Luna; y de las torturas y asesinato de los hermanos Vílchez
Rycra, en el caserío de Charan, en el 2002, y en el 2007 de la emboscada
a 17 policías en Socchabamba.
