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México.- Este miércoles 23 de marzo la Cámara de Diputados aprobó la ley que sanciona a los servidores públicos que graben, reproduzcan, compartan, distribuyan o comercialicen imagen, audio, vídeo, documento, información, indicio o evidencia relacionados con una investigación penal o condiciones personales de una víctima.
Dicho dictamen fue avalado por unanimidad con 470 votos a favor, lo cual reforma el artículo 225 del Código Penal Federal y avala la llamada “Ley Ingrid”. Además, este fue turnado al Senado de la República para su respectivo análisis, discusión y eventual aprobación. El comunicado enviado al Senado detalla:
Cuando por sí o por interpósita persona, a través de cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, fotografíe, copie, filme, audiograbe, videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, oferte, intercambie o comercialice imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con un procedimiento penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de hecho o hechos que la ley señale como delitos
En particular, esta ley plantea sanciones de 100 a 150 días de multa y de cuatro a 10 años de prisión para quien cometa algunas de las infracciones mencionadas más arriba y estrechamente relacionadas con la difusión de información o audiovisuales sobre delitos relacionados con violencia de género.
Además, se advierte también que las sanciones aumentarán en una tercera parte si están relacionadas con mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad que se puedan ver vulnerados directamente.
Las reformas al Código Penal Federal buscan evitar la “revictimización” de las personas, particularmente mujeres, por lo que durante el debate la diputada de Morena, Andrea Chávez Treviño, recordó que la reforma tuvo como antecedente el feminicidio de Ingrid Escamilla. La funcionaria indicó:
En el que difundieron sus imágenes que revictimizaron no sólo a Ingrid, sino también a sus seres queridos, imágenes que fueron difundidas por su propio agresor, lo que consternó a México
Tenemos que usar el espacio de representación para transformar la vida de las mujeres
Además, la diputada Laura Imelda Pérez Segura señaló que en el dictamen se configuran las demandas de miles de mujeres que a lo largo de años han enfrentado la revictimización y la violencia institucional de un Estado que ha tenido por obligación garantizar su seguridad, agregó:
La incidencia de los delitos se agravó por la incapacidad de una tendencia institucional hacia la impunidad sistemática en el procesamiento judicial
Finalmente, la panista Ana María Balderas insistió en la urgencia de aprobar el dictamen para atender a las víctimas indirectas, exponiendo:
No dejemos de lado que hay una historia, una familia, amigos detrás de estas imágenes que se publican clandestinamente con o sin fin de lucro
