Marcos Castellanos.- Son las 7:00 de la mañana y la oscuridad de la madrugada en este poblado
que colinda con Jalisco no deja que salga la luz. Dicen los lugareños
que de unos años a la fecha los inviernos aquí son más largos y
sombríos.
Aun así, la gente ya anda en la calle y empieza a moverse. Es viernes, uno de los primeros días de enero de 2013.
Aparentemente nada ha cambiado desde que a finales de diciembre pasado
el terror visitó este lugar y asaltó a los pobladores, como en casi
todos los municipios de Michoacán, donde la sangre ha corrido a granel.
Aquel 22 y 23 de diciembre se escribió aquí un episodio sangriento más
de la disputa entre cárteles, que cobró la vida de 13 personas -entre
ellos cinco policías de este municipio- y desapareció de un zarpazo a
otro joven agente local y a un muchacho de 16 años de edad.
Todo hubiera quedado en una nota roja sino es que tras los crímenes la
mitad de los policías locales, incluyendo al director, renunció, pues
recibieron amenazas de muerte. El alcalde del lugar, José de Jesús Bautista Álvarez, decidió “sugerir” a la gente que se encerrará en sus casas apenas empiece a anochecer.
Además, el edil exigió protección al gobierno federal recién llegado, el respaldo del Ejército y de la Policía Federal.
Demonios que se matan porque sí
Con los primeros rayos de sol, se instala poco a poco el carnicero, con
su paila de olorosas carnitas; una madre deja a su hijo en el
preescolar que está cerca de la presidencia municipal mientras una mujer
prepara, como desde hace seis años, una vaporera con tamales en los
portales que rodean el centro de este lugar.
Las campanas repican suavemente en la iglesia del pueblo para llamar a
la misa de ocho de la mañana y contrasta con la presencia de un comando
de vigilancia de casi 40 elementos de la Policía Federal, el cual
acompaña a los periodistas que hoy avisaron que trabajarían en el lugar.
En las caras y ojos de estos hombres y mujeres de tez blanca y apiñonada
ya no se refleja el miedo que los acompañó durante las tres últimas
semanas, porque aseguran también que la presencia de “los federales”
ahuyenta a los fantasmas que por las noches recorren a toda velocidad el
pueblo en camionetas Ranger y Hummer, repletas de hombres armados
hambrientos de sangre y plomo.
“Nosotros somos gente de bien, que no se mete con nadie. Quienes tienen
problemas son los del otro lado (Jalisco), que llegan como demonios a
matarse porque sí”, dice el edil que por segunda ocasión ocupa el puesto
y coincide en esta apreciación con la señora de los tamales, con el
cronista del lugar, con la madre de familia y con el vicario de la
iglesia.
Marcos Castellanos y San José de Gracia son la misma cosa, el mismo
pueblo. Pequeño pero progresista, donde han encontrado lugar para
instalarse, crecer y producir los industriales ganaderos y las empresas
de lácteos.
La gente nativa se resiste a llamar al municipio de pastizales verdes
“Marcos Castellanos”, nombre heredado del sacerdote novohispano que se
unió a la causa independentista y que vivió en estas tierras en la época
en que el país clamaba liberarse de los voraces españoles.
También se resiste a convivir con la violencia desmedida que trae
consigo la vorágine de las drogas, la lucha por el trasiego, las plazas y
los canales de comunicación del narcotráfico, como ya
ocurre en Apatzingán, en Coalcomán y otros lugares del estado donde los
encobijados, desmembrados, calcinados, acribillados, “levantados” y
encostalados han pasado a las páginas interiores de los diarios locales,
a fuerza de número y amenazas.
Una “exageración”
Por ningún lado de la plazuela principal, que corona un pintoresco
kiosco blanco, se nota a la luz del día el incremento de la inseguridad
que el subprocurador regional de Justicia de Zamora, Raúl Miranda Valencia, reduce a “una exageración del señor presidente municipal”.
Sin embargo, el discurso del funcionario contradice la realidad cuando
suelta una alerta y asegura que “está muy difícil la situación” en su
jurisdicción, a la que pertenece Marcos Castellanos e incluye la
vigilancia y protección de 41 municipios, es decir, un tercio del
estado.
Miranda es un joven abogado recién llegado que salió directo de los
juzgados y se ufana de haber sido electo para el cargo por méritos
propios y por consenso generalizado de sus colegas de la región.
Presume que a pesar de haber llegado al puesto apenas hace cuatro meses
tiene controlada la seguridad con 28 agencias ministeriales y cuatro
especializadas. Pero los hechos lo refutan y sabe que aún no se gana la
confianza de los gobiernos locales de las demarcaciones a su mando.
Los presidentes municipales vecinos a Zamora y la Ciénega de Chapala,
antes que acudir a la instancia jurídica regional o estatal, claman por
la intervención de la federación para la protección de sus ciudadanos y
la investigación de los casos relacionados con el crimen organizado.
Por ejemplo, han perdido la esperanza para que las autoridades locales
resuelvan el paradero del síndico del municipio de Briseñas, Fernando Salas Salazar, quien junto con el director de la policía local, Jorge Díaz Ramírez, y los patrulleros Hugo Manuel Aldana Hernández y Gabriel Godínez Godínez,
fueron “levantados” a plena luz el pasado 28 de noviembre, cuando
volvían de comprar chalecos antibalas en el municipio de Sahuayo.
O bien, no pueden creer que no haya avances en la investigación de la desaparición del joven cura de la Diócesis de Zamora, Santiago Álvarez,
a quien “se lo comió la tierra” el 27 de diciembre, cuando después de
casar a una pareja viajó de Jacona a la comunidad de Paredones, en el
municipio de Jiquilpan, donde vivía.
Tampoco se sabe nada del policía municipal Alejandro Urieta Ángeles, vecino de Marcos Castellanos, secuestrado de su puesto de velador, ni del joven casi niño Iván Francisco Ávalos, del mismo lugar; ambos “desaparecieron” el 22 de diciembre, lo mismo que otras 11 personas esfumadas a lo largo de 2012.
La batalla de cada día
Para el subprocurador de Zamora, la violencia de la zona se reduce a una
lucha de poderes entre narcotraficantes de Jalisco y Michoacán, cuyo
combate se dificulta por el entramado de brechas y veredas que conecta a
11 municipios (Marcos Castellanos, Régules, Venustiano Carranza,
Briseñas, Vista Hermosa, Tanhuato, Ecuandureo, Sahuayo, Jiquilpan,
Ixtlán de los Hervores y Jacona), ruta directa de conexión del tráfico
de enervantes, entre Jalisco, Colima y Michoacán.
Pero para el alcalde de Marcos Castellanos el problema no es tan
sencillo. La batalla día a día contra la inseguridad lo ha llevado a
ofrecer facilidades para que se instale aquí una Base de Operaciones
Mixtas que calme los reclamos de la población y los empresarios que
amenazan con llevarse sus industrias.
Por ahora, el alcalde Bautista Álvarez, quien llamó la atención de
medios nacionales e internacionales por sus medidas de protección, se
conforma con el patrullaje intermitente de policías federales y
militares que desde el 15 de enero van y vienen por la zona, pero sólo
de día. Una y otra vez asegura que, “la cosa ya se está calmando”, pero
mantiene vigente la recomendación de un tácito toque de queda, porque
dice que el que debe poner el ejemplo y no alarmarse para enfrentar la
situación es él, razón por la cual rechaza también una guardia personal.
A diario recorre a pie el camino de su oficina a su casa, a unas cuadras
del centro. Va sin vigilancia especial a Morelia, que dista a unos 350
kilómetros, o cuando hace rondines por su municipio.
Ella vigila por su familia
Pero esta visión no la comparte una de las dos mujeres policías que pese
a las amenazas que llovieron después del 22 de diciembre se quedó en la
corporación local, porque ve en el ejercicio de su trabajo un escudo
para su familia.
No tiene hijos y admite que siente miedo; no se aventura a acudir a las
alertas de seguridad donde sabe que está involucrado el crimen
organizado. Aún así, trata de disfrutar su trabajo para no amargarse.
Por eso la regocija pensar que cuenta con un foco mediático y la
presencia de comandos federales tan numerosos como el que llegó este
viernes; no se verá obligada a renunciar en bloque como sucedió con sus
colegas de Briseñas.
Ha pasado un mes desde que la calma en este lugar se fue a la basura y
aunque no se nota de día, ni en el ánimo de la gente, los familiares de
Sergio Villanueva, una víctima del 23 de diciembre, siguen al pie de la
letra las recomendaciones de seguridad en el municipio de Marcos
Castellanos. Pero en sus cabezas da vuelta la idea de abandonar este
lugar de aparente calma, de aparente seguridad.
No salen de noche y se cuidan más que nunca en la calle, porque no
acaban de entender cómo es que Sergio Villanueva, de 39 años de edad,
terminó con un balazo en la sien al regresar de una posada.
“Sergio ni siquiera vivía aquí. Sólo llegó de visita después de una
larga ausencia para pasar la Navidad con su madre y sus hermanos”, y
acabo muerto al lado de otra persona que nadie reclamo y que fue
enterrada, sin nombre, ni cruz, en una fosa común.
CHG
