Ciudad de México.-La Contraloría Interna de Zacatecas determinará, en un plazo de 15 días
hábiles y tras conocer la solventación de ex funcionarios sobre
irregularidades detectadas en el manejo de recursos de la administración
pública estatal, si consigna o no al Ministerio Público a la ex
gobernadora Amalia García o a algún otro integrante de su
administración.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el contralor interno Guillermo Huízar
afirmó que no hay una persecución política contra un grupo o personaje,
sino que se trata de una revisión puntual del manejo del erario
zacatecano ?y de mera justicia?, pues ?la sociedad está agraviada?.
El funcionario precisó que hasta el momento se han realizado 23 actos de
fiscalización ?14 auditorías y nueve actos de investigación? sólo sobre
2% del presupuesto estatal. ?Se me complica mucho decidir qué es lo más
grave; cada actitud tiene su cuota de gravedad sin importar el monto?,
comentó.
Entre las irregularidades detectadas en la pasada administración está la
contratación de artistas por 102 millones de pesos: 17 millones para
Plácido Domingo, 15 millones para Alejandro Sanz, 8 millones 900 mil
para Juan Gabriel, entre otros. Ni sumando los presupuestos de los 22
municipios zacatecanos más pobres se alcanza esa cifra.
?Esto de los artistas es algo que ha dolido a la sociedad; no dudo que
sea bonito asistir a un concierto, pero ante la realidad zacatecana,
ante la enorme pobreza que se respira? Zacatecas está en el último lugar
del índice de desarrollo humano; tenemos comunidades sin drenaje, sin
electrificación, sin agua potable, y sí hay esa sensación de agravio?,
declaró.
Afirmó que si hay algún elemento constitutivo de delito del que sea
responsable algún funcionario público de la administración de Amalia
García, se dará vista al Ministerio Público, que se encargará de
profundizar en las investigaciones y eventualmente procederá.
Notificarán a ex funcionarios
Huízar precisó que en las próximas horas los responsables de las áreas
en las que se detectaron irregularidades serán notificados para que
argumenten en descargo y desvirtúen las observaciones en un plazo de 15
días, y dejó en claro que continuarán las investigaciones sobre la
administración de García Medina:
?No se trata de perseguir a nadie, no hay ningún afán de perseguir a
nadie; se trata solamente de mostrarle objetivamente a la sociedad qué
es lo que encontramos en el proceso de entrega-recepción de la
administración estatal. Definitivamente esto nada tiene que ver con una
persecución?, aseguró.
El funcionario también confirmó que, con base en peritajes realizados
por la Universidad de Zacatecas, se comprobó que hay falsificación de
facturas; que en consulta con Cemex se acreditó el sobreprecio de
productos, y que se contrató un crédito bancario por 300 millones de
pesos al margen del Congreso estatal.
Explicó que en todos los estados, cuando hay un proceso de transición
sexenal, son las contralorías ?la que entra y la que sale? las
responsables de hacer este proceso, y que en su caso echó mano de sus
atribuciones ordinarias y obligatorias, pero que hasta ahora sólo se ha
revisado 2% del presupuesto.
?¿Hay posibilidad de que se proceda penalmente? ?se le cuestionó.
?Sí, aunque esa valoración no la hace el contralor, la hace el
Ministerio Público. Si en el transcurso de las investigaciones, en
virtud de las pruebas que exhiban, localizamos que hay elementos
constitutivos de delito, pues es mi obligación darle vista al Ministerio
Público, que determinará ?contestó el funcionario.
?A partir de las irregularidades, ¿hay la posibilidad de iniciar acción legal contra la ex gobernadora? ?se le insistió.
?En este momento no estoy en condiciones de emitir opinión al respecto,
no lo puedo hacer hasta en tanto no ejerzan los distintos involucrados
su derecho de audiencia y podamos valorar pruebas.
