Da clic aquí y encuentra más información de Línea Directa Portal en nuestra página de Google News
México.- El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés dijo que la revocación de mandato se realizó con violaciones a la constitución y a la ley electoral, por lo que dijo que será golpe duro para Andrés Manuel López Obrador, sino consigue el resultado que necesita.
El líder panista dijo que de no conseguir el 40 por ciento de participación, que son 37 millones 129 mil 286 votos de la Lista Nominal, para que sea vinculante, sería un duro golpe a la popularidad y al ego presidencial.
“Después de todo lo que han hecho para su tergiversada consulta, tener menos de 30 millones de votos que expresen que quieren que siga, será para el presidente López Obrador un autogol y fracaso”, dijo.
“Una consulta que la sociedad no pidió, que él quiso y promovió, en la que se gastaron muchos más de los mil 700 millones de pesos que solo costó su organización. Una consulta solicitada y promovida ilegalmente por funcionarios del mismo gobierno, que tenga una votación que lo respalde menor a la obtenida en el 2018, representaría un duro golpe a la popularidad y al ego presidencial”, destacó.
Cortés Mendoza aseguró, la gran farsa del gobierno de Morena no puede llamarse consulta “popular”, sino más bien “de Estado”, por el despilfarro brutal.
El panista criticó que hayan gastado más de mil 700 millones de pesos para su organización, al considerar que las firmas para su solicitud fueron recabadas por los “servidores de la nación” y la difusión corrió a cargo de toda la estructura del gobierno.
“La mayoría de los secretarios de Estado, se usaron vehículos y aviones oficiales, desviaron recursos públicos para su promoción, llegando al extremo de amenazar a la gente diciéndole que si no acude a votar perderá sus ayudas sociales, son unos perversos al usar la pobreza y necesidad de la gente”, denunció.
El dirigente Nacional del PAN advirtió que esta consulta quedará marcada por la ilegalidad, la mentira, manipulación y el desvío de recursos públicos, mal precedente para una verdadera consulta popular de revocación de mandato, por lo que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tienen el deber de evaluar y sancionar las violaciones.
