México.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, señaló que en todo momento no se le ha dado el derecho a comparecer ante las instancias que lo investigan por diverso delitos, ‘desde las primeras filtraciones sobre supuestas investigaciones en mi contra o de mi familia, solicite comparecer, para responder a cada una de imputaciones realizadas por los denunciantes, en ningún momento se me concedió ese derecho, como si ha sucedido en otros casos’.
En un mensaje publicado en Twitter el mandatario estatal, manifestó que la comisión instructora de la Cámara de Diputados le notifico formalmente la solicitud de declaración de procedencia, de los hechos que motivan esta petición es en referencia a un supuesto impago de contribuciones fiscales, derivadas de un departamento cuya propiedad fue previamente reportada tanto en su declaración patrimonial, como en la de su esposa desde finales de 2019.
‘La imputación de lavado de dinero proviene que el dinero de la venta del departamento fue canalizado a través del sistema financiero, mientras que la presunta comisión del delito de delincuencia organizada se sostiene en la supuesta participación de varios integrantes de mi familia’.
Cuestionó que todas estas acusaciones serian cabalmente desmentidas durante los procedimientos pero ‘extrañamente en la solicitud presentada por el MP, se insertan suposiciones y especulaciones contenidas en otras denuncias que nadie tiene que ver con las conclusiones que, para efectos del desafuero, se someten a la consideración de la Cámara de Diputados’.
Sostuvo que la solicitud no comprende, un solo elemento o evidencia que conduzca a afirmar que la investigación en curso está relacionada o proceda para la actuación de agencias de Estados Unidos.
‘A diferencia de lo que ha especulado, en ningún momento se me imputan delitos relacionados con contrabando de combustible (huachicol), narcotráfico, colaboración con el crimen organizado o cualquier otro similar o equivalente’.
Reitero mi disposición a aclarar en el marco de la Ley y del debido proceso, ‘las sospechas que se han sembrado en mi contra son con propósitos políticos y electorales’.
En una democracia de leyes, la fabricación de delitos contra adversarios es simplemente inadmisible, una traición a la confianza de la gente.
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