Grecia. En un movimiento que promete abrir debate en toda Europa, el Gobierno de Grecia anunció que impulsará una ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años mediante un sistema estatal obligatorio. La iniciativa será presentada ante el Parlamento a inicios de marzo y busca establecer controles legales y tecnológicos que limiten de manera efectiva la presencia de adolescentes en plataformas digitales.
La propuesta cuenta con el respaldo de la mayoría absoluta del partido gobernante Nueva Democracia, encabezado por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. De acuerdo con reportes difundidos por la cadena privada MEGA, el proyecto podría aprobarse hacia mediados de marzo, sin mayores obstáculos legislativos.
El eje de la reforma es la aplicación estatal “Kids Wallet”, una herramienta digital que ya funciona en el país. Actualmente permite a madres y padres supervisar la actividad en línea de sus hijos y bloquear determinados sitios web. Además, el sistema se utiliza para impedir la compra de tabaco o alcohol por parte de menores, mediante un código de barras que valida la edad del usuario.
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Con la nueva legislación, la aplicación dejaría de ser voluntaria y se convertiría en un requisito obligatorio. Según explicó Nikos Vasilakos, especialista del Departamento contra Crímenes Electrónicos de la Policía griega, “Kids Wallet” pasaría a operar prácticamente como una extensión de la ley. Los padres deberán instalarla en los dispositivos móviles de sus hijos menores de 15 años y vincularla a través de la plataforma estatal gov.gr.
El plan no se limitará al ámbito familiar. También contempla inspecciones en centros educativos, donde los estudiantes deberán mostrar sus teléfonos para comprobar que la aplicación está activa. A ello se suman filtros para bloquear el acceso a portales de apuestas, sitios de citas y contenidos sexuales.
¿Cómo garantizará el Estado que la prohibición se cumpla sin excepciones?
La clave estará en convertir la aplicación en un mecanismo obligatorio y en establecer controles escolares como herramienta de verificación directa. Al exigir la instalación y vinculación legal del sistema, el Ejecutivo pretende cerrar cualquier margen de evasión y asegurar que la restricción se aplique de forma generalizada.
Libertad de expresión y posibles impugnaciones
Aunque el oficialismo cuenta con mayoría parlamentaria para aprobar la reforma, la medida enfrenta cuestionamientos. Algunos sectores advierten que podrían presentarse recursos legales por presuntas afectaciones a la libertad de expresión o a la autonomía de las familias. El debate jurídico y social apenas comienza, mientras el Gobierno griego avanza con la intención de convertir esta regulación digital en una política de Estado.
