Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump presentó una demanda contra la ciudad de Boston y su alcaldesa, Michelle Wu, a quienes acusa de obstaculizar la aplicación de las leyes migratorias federales mediante políticas de refugio que protegen a los inmigrantes indocumentados.
La acción legal fue anunciada por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien sostuvo que la administración de Wu “implementa de manera explícita medidas diseñadas para entorpecer el cumplimiento de la ley y resguardar a extranjeros ilegales de la justicia”. El caso se suma a la lista de disputas abiertas por la Casa Blanca con jurisdicciones consideradas “santuarios”.
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Boston mantiene desde 2014 la llamada Boston Trust Act, que prohíbe a la policía local colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La alcaldesa ha reiterado que todo agente que comparta información con ICE será sancionado.
El Departamento de Justicia argumentó en un comunicado que estas disposiciones derivan en “la liberación de criminales peligrosos bajo custodia policial que, de otra forma, estarían sujetos a deportación”.
Trump ya había intentado en su primer mandato castigar a las llamadas ciudades “santuario”, cuando ordenó retirarles fondos federales; sin embargo, la mayoría de esas medidas fueron bloqueadas en tribunales.
Ahora, la estrategia se renueva. El pasado 5 de agosto su administración hizo pública una lista de jurisdicciones bajo observación, entre ellas Boston, con la advertencia de que enfrentarán sanciones si mantienen políticas de protección a migrantes.
