Perú.- Este martes 5 de diciembre el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, quien se encuentra cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad y que en 2018 fue sentenciado a 25 de prisión.
Los motivos para la liberación del exmandatario se deben a que en 2017 recibió un indulto humanitario de parte del entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski, pero tiempo después este fue rechazado por la Corte Suprema del país. No obstante, para el tribunal constitucional no existe manera de que dicho perdón presidencial pueda ser revocado de algún modo por ningún ente judicial, lo que se traduce en la liberación de Fujimori a pesar de los cargos que pesan en su contra.
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De este modo, el Tribunal Constitucional (TC) emitió un comunicado ordenando al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al director del penal de Barbadillo la liberación de Alberto Fujimori.
La decisión se toma a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido el año pasado que no se liberara al exmandatario, esto por sus cuentas pendientes con la ley, debido a que en su momento fue declarado culpable de delitos de lesa humanidad. No obstante, el TC argumenta que dicha decisión “se contrapone a la ejecución de la sentencia constitucional del presente caso” y que advierte una “falta de competencia”:
En virtud de esa falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, en el marco de una supervisión del cumplimiento de sentencias, ordenar directamente la no ejecución de una decisión judicial, este Tribunal dispuso la ejecución de su sentencia de fecha 17 de marzo de 2022, emitida en el caso de autos, apartándose de lo señalado en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
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Cabe señalar que el expresidente Fujimori debía cumplir una condena hasta 2034, fecha para la cual cumpliría 96 años de edad, pero con la resolución dictada por el tribunal se espera que salga en libertad en las próximas horas. Además, el político tiene por delante otro proceso penal por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas peruanas durante sus diez años de mandato.
