Lima.- Los peruanos tal vez nunca
sepan quién disparó la bala que impactó en la cabeza del estudiante
César Medina, de 16 años, durante una protesta contra una mina y lo mató
casi al instante. Medina fue uno de los cinco civiles muertos a tiros
la última semana en la región norteña de Cajamarca cuando la policía y
el ejército dispararon contra manifestantes opuestos al proyecto
aurífero de mayor envergadura en el país.
Tres recibieron tiros en la cabeza y dos en el tórax, dijo Reynaldo
Núñez, director regional de Salud de Cajamarca. Los lugareños dicen que
Medina y otra de las víctimas fatales, quien montaba una bicicleta, no
participaban en la protesta. Las autoridades no han informado quién hizo
los disparos fatales, mientras que varios periodistas locales aseguran
que fueron las fuerzas de seguridad, agregó AP.
“La necropsia dice que la bala entró por la sien y salió por el ojo
derecho”, afirma Maximila Aguilar, madre de Medina, quien recogió el
cadáver de su hijo en la morgue, lo bañó en su casa y lo sepultó el
viernes acompañada por más de 3.000 personas.
Aunque la policía usa algunos instrumentos
no letales como gases lacrimógenos y proyectiles de caucho, su arma más
frecuente para controlar manifestaciones son las municiones de guerra
7.62 mm que dispara con viejos fusiles Kalashnikov.
Activistas de derechos humanos acusan al
gobierno de tener un desprecio sin precedentes por la vida en la región y
dicen que el uso de la fuerza letal para reprimir a inconformes
agravaría la resistencia a los planes mineros que han desencadenado
protestas en el país.
El jefe policial, Raúl Salazar, dice que los agentes tienen como función “mantener el orden con el menor costo social posible”.
Medina fue muerto mientras la policía reprimía a manifestantes temerosos
de que su abastecimiento de agua se contamine o disminuya por la
extracción de más de 200 toneladas de oro de la mina Conga, de la
empresa estadounidense Newmont.
Los manifestantes arrojaron piedras y cohetes pirotécnicos a la policía
en Celendín, donde Medina murió, pero su madre dijo que su hijo no
estaba en la protesta sino que fue asesinado cuando volvía a casa de un
café con servicio de internet.
Desde 2006 las balas disparadas por la
policía para sofocar manifestaciones han dejado 80 muertos y más de 800
heridos, según un conteo independiente realizado por la organización no
gubernamental Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
“Estas cifras serían un escándalo en el exterior. No hablamos de una
comparación con Europa sino con Bolivia, Ecuador, Chile; allá hay
protestas pero no tantos muertos”, dijo Jorge Mansilla, investigador de
la Defensoría del Pueblo.
En Bolivia, la policía ha causado la muerte
de 28 manifestantes desde 2006, según la organización no gubernamental
Asamblea Permanente de Derechos Humanos; y en Colombia los agentes han
dado muerte a seis civiles durante protestas desde 2000.
La Defensoría del Pueblo de Perú tiene un registro de 245 conflictos
sociales en el país, en su mayoría disputas sobre la minería en las que
predomina el temor a la contaminación del agua. El sector minero
representa el 61% de los ingresos por exportaciones y ha sido el motor
de una década de crecimiento económico, pero también afecta demasiado
las condiciones de vida de los agricultores en tierras altas.
En un informe en marzo, la Defensoría halló que el entrenamiento con
armas no letales para el control de manifestaciones es inadecuado y que
el armamento no letal es escaso, de acuerdo con jefes policiales de
cuatro regiones entrevistados por el organismo.
Los autores del informe pidieron más datos, pero el Ministerio del
Interior se los negó. El vocero del ministerio, Angel Castillo, dijo que
las fuerzas de seguridad cuentan con balas de goma y bombas
lacrimógenas en cantidad suficiente “para cubrir las necesidades”.
La corrupción ha incidido en la escasez de equipo no letal. En junio, el
ministro del Interior, Wilver Callem canceló un contrato de cinco
millones de dólares por escudos, cascos, máscaras antigás y otros
instrumentos, cuando supo que el contratista no le entregaría productos
hechos en Estados Unidos sino artículos fabricados en China.
Ataque controversial
La Defensoría y la CNDDHH no han encontrado evidencias de que la
fiscalía investigue a policías por las muertes de manifestantes o que se
hayan pagado indemnización a los lesionados por los agentes.
Luis Giacoma, un abogado experto en temas de seguridad, dice que Perú
“no tiene normas que prohiban el uso de balas de guerra contra
manifestantes y que obliguen el estricto uso de armas no letales durante
manifestaciones”.
Actualmente en Perú los policías que “en el
cumplimiento de su deber” matan a manifestantes son inimputables según
la ley, por lo que muchos agentes no pueden ser llevados ante la
justicia en estos casos.
Pero la impunidad policial aumentaría si se aprueba un proyecto de ley
promovido por el legislador Octavio Salazar, un ex jefe de la policía,
que propone que los agentes puedan matar manifestantes sin ser
enjuiciados en casos de “salvaguardar la libertad personal”.
Activistas por los derechos humanos creen que el concepto “salvaguardar
la libertad personal” en la práctica podría avalar la decisión de
disparar contra quienes bloquean una carretera o ingresan a un local
público como forma de protesta.
Amnistía Internacional, la Cruz Roja Internacional y la Defensoría
cuestionaron el proyecto de ley, por lo que el gobierno del presidente
Ollanta Humala observó la norma aprobada por el Congreso, pero los
legisladores piensan someterla a nueva votación en agosto.
También se estigmatiza a quien no cumple órdenes. En 2008, el general
Alberto Jordán recibió la orden del entonces jefe policial Octavio
Salazar para desalojar de un puente, usando armas de fuego, a 25.000
manifestantes de la región de Moquegua quienes reclamaban más impuestos
por una mina de cobre. Jordán se negó y como castigo fue jubilado y
sentenciado a 18 meses de cárcel por desobediencia.ne
