Venezuela. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó una Ley de Amnistía destinada a liberar a personas consideradas presos políticos, luego de que la Asamblea Nacional de Venezuela la aprobara por unanimidad horas antes. La medida surge tras años de presión de la oposición y de organizaciones defensoras de derechos humanos como Foro Penal, que han documentado detenciones vinculadas a motivos políticos.
La normativa cubre una docena de episodios de conflictividad ocurridos desde 2002, entre ellos el paro petrolero de 2002–2003 y las protestas por presunto fraude electoral registradas en 2017 y 2024. En esos contextos fueron procesados opositores, sindicalistas, estudiantes y periodistas críticos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
El texto legal establece que los tribunales contarán con un plazo de 15 días para anular los procesos incluidos en la ley. Asimismo, contempla que los exiliados puedan ser representados por apoderados ante instancias judiciales, aunque deberán comparecer personalmente si la autoridad así lo determina. No obstante, quedan excluidos los casos relacionados con homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar.
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Reacciones encontradas en la oposición
La respuesta de sectores opositores fue inmediata. Dirigentes de Primero Justicia calificaron la iniciativa como “insuficiente y sesgada”, al considerar que no desmonta estructuras legales como la Ley contra el Odio. Desde Encuentro Ciudadano, su líder Delsa Solórzano exigió liberaciones inmediatas y sin procedimientos que calificó de simulados.
En la misma línea se pronunciaron dirigentes de Vente Venezuela y voceros de Foro Penal, entre ellos Gonzalo Himiob y Alfredo Romero, quienes advirtieron que la ley deja fuera numerosos casos acumulados durante más de una década. Organizaciones como Provea y Justicia, Encuentro y Perdón también cuestionaron su alcance. En contraste, el diputado Stalin González, del Grupo Parlamentario Libertad, la definió como una herramienta imperfecta pero potencialmente útil en el actual contexto político.
Horas después de la promulgación, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa anunció su liberación y aseguró encontrarse en “libertad plena”. Cercano a María Corina Machado, cuestionó sin embargo que el instrumento no represente una amnistía integral, al excluir a otros detenidos.
¿Puede la amnistía modificar la postura internacional hacia Caracas?
La interrogante cobra relevancia tras el anuncio del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien informó que España solicitará a la Unión Europea la retirada de sanciones contra Delcy Rodríguez. Según explicó, las medidas restrictivas buscan fomentar avances democráticos y podrían revisarse si se consolidan señales en esa dirección.
Un escenario aún abierto
Por ahora, la Ley de Amnistía abre la puerta a nuevas excarcelaciones y a un posible ajuste en la política de sanciones europeas, pero no disipa las dudas sobre su alcance real. Mientras el oficialismo la presenta como un gesto hacia la reconciliación, amplios sectores opositores y organizaciones de derechos humanos sostienen que se trata de un paso limitado que no resuelve el trasfondo del conflicto político venezolano.
