Estados Unidos. Con la mira puesta en 2026, Washington se encamina a un giro de alto impacto en materia migratoria. La administración de Donald Trump alista una expansión sin precedentes de su estrategia de control, apoyada en un paquete presupuestal multimillonario que promete transformar la escala de las redadas, detenciones y deportaciones en todo el país. La decisión, avalada por el Congreso, llega en un contexto de creciente polarización social y señales de desgaste político para la Casa Blanca.
Desde el inicio del nuevo mandato, la presencia de agentes federales se ha intensificado en grandes zonas urbanas. Operativos en vecindarios residenciales se han vuelto más frecuentes, con un enfoque que inicialmente evitó sectores clave como la agricultura y la industria, pero que ahora apunta a ampliarse. El gobierno argumenta que la mano dura busca contener flujos migratorios que, sostiene, se desbordaron en la administración anterior.
Te puede interesar leer: Repatriaciones desde EU superan las 145 mil; México refuerza atención a connacionales
El corazón de la ofensiva es financiero. Hasta 2029, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza recibirán 170 mil millones de dólares adicionales, una cifra que multiplica sus recursos históricos. Con ello se prevé la contratación de miles de agentes, la apertura de nuevos centros de detención y el uso de empresas privadas para rastrear a personas sin estatus legal.
Sin embargo, el endurecimiento coincide con un clima adverso. En ciudades con alta población migrante, como Miami, recientes procesos electorales han evidenciado rechazo a las redadas y a la percepción de militarización de comunidades. Organizaciones civiles alertan sobre detenciones erróneas, uso de fuerza en zonas habitacionales y un impacto directo en la vida cotidiana de familias enteras. Las cifras oficiales superan ya las 600 mil deportaciones en lo que va del año.
¿Puede esta ofensiva migratoria sostenerse sin erosionar la economía y el respaldo político?
La interrogante cobra fuerza ante el alcance de las medidas y el desgaste social que empiezan a reflejar las encuestas.
Empresas bajo presión y efectos económicos colaterales
La respuesta comienza en el ámbito laboral. El propio gobierno ha anticipado que las redadas alcanzarán centros de trabajo, lo que podría detonar un choque con empresarios y elevar costos por la sustitución de mano de obra. Analistas advierten que este escenario presionaría la inflación, un riesgo político significativo para Trump en la antesala de las elecciones de mitad de mandato.
