Perú.- El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sancionó este martes al expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien el pasado mes de enero compartió una carta en Twitter asegurando ser “prisionero político” del Gobierno de Dina Boluarte. Dicha publicación le acarrea ahora una acción disciplinaria con la limitación de comunicaciones con el exterior por 15 días, así como también la restricción de visitas por el mismo período de tiempo.
El INPE emitió un comunicado argumentando que, desde el 26 de enero de 2023, inició un procedimiento administrativo a Castillo “por la comisión de una presunta falta disciplinaria” mientras se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, a las afueras de Lima. La declaración señala:
Culminado el proceso administrativo disciplinario, el Consejo Técnico Penitenciario del establecimiento penitenciario de Barbadillo –donde se encuentra recluido– determinó se disponga la sanción disciplinaria de limitación de las comunicaciones con el exterior, por el periodo de 15 días.
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El organismo especificó que esta medida implica la restricción de las visitas de familiares y amistades durante el periodo antes señalado, aunque “no impide el ingreso de sus abogados en ejercicio de su derecho a la defensa ni su participación en audiencias jurisdiccionales”.
Por otra parte, la carta en cuestión albergaba las fuertes declaraciones del exmandatario Pedro Castillo, quien dijo que se consideraba prisionero político de la actual mandataria, Dina Boluarte, y la responsabilizó de las muertes de los manifestantes en las protestas antigubernamentales que se sucedieron durante semanas en el país, pues escribió:
Desde mi cautiverio arbitrario sometido por la dictadura de Dina Boluarte, mediante un proceso judicial viciado de legalidad que viola la Constitución peruana, Carta Interamericana de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas, denuncio las violaciones a los derechos que están cometiendo contra mis hermanos indígenas.
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Finalmente, se informó que el expresidente Pedro Castillo enfrenta otro proceso administrativo disciplinario en su contra, anunciado en febrero, después de que brindara desde prisión una entrevista a un medio español.