Perú. La crisis política que Perú arrastra desde 2022 sumó este jueves 27 de noviembre un nuevo capítulo con la sentencia definitiva contra el expresidente Pedro Castillo. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó imponerle 11 años, 5 meses y 15 días de prisión al hallarlo responsable del delito de conspiración para la rebelión, derivado del intento de disolver el Congreso y restructurar el sistema judicial el 7 de diciembre de aquel año. Aunque la Fiscalía llegó a pedir hasta 34 años de cárcel, el tribunal ajustó la pena tras concluir que el quiebre institucional anunciado no se ejecutó plenamente.
Aquel día, Castillo sorprendió al país con un mensaje televisado: declaraba la disolución temporal del Parlamento, la reorganización del Poder Judicial y la instalación de un gobierno de emergencia. El anuncio ocurrió cuando el Congreso, dominado por la oposición, se preparaba para debatir una nueva moción de vacancia, en medio de investigaciones por presunta corrupción que lo señalaban directamente.
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La proclamación presidencial se vino abajo en minutos. Ninguna institución respaldó la medida y Castillo salió de Palacio de Gobierno con la intención —según la acusación fiscal— de dirigirse a la Embajada de México, donde su familia logró ingresar como refugiada. Fue detenido en el trayecto, destituido horas después y recluido preventivamente desde entonces. La Corte también ordenó dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil de 12 millones de soles, aunque lo absolvió de abuso de autoridad y perturbación del orden público.
El fallo incluyó condenas para personajes clave de su entorno: Betssy Chávez y Willy Huerta recibieron la misma pena, mientras que Aníbal Torres fue sancionado con seis años y ocho meses, pero sin obligación de cumplir prisión debido a su avanzada edad. Dos exjefes policiales fueron absueltos.
¿Por qué la sentencia llegó en este momento?
El tribunal adelantó la resolución a pocos días de que se cumplieran tres años de la prisión preventiva dictada contra Castillo, pues, de haber excedido ese plazo sin sentencia, el exmandatario habría quedado en libertad mientras continuaba el proceso.
