Estados Unidos. La política migratoria del presidente Donald Trump dio un nuevo giro esta semana con la destitución de ocho jueces de inmigración en Nueva York, una acción que refuerza su intención de reducir los tiempos en los procesos de deportación. La medida se aplicó en la corte ubicada en el 26 de Federal Plaza, punto neurálgico del sistema migratorio en la ciudad, y forma parte de una ola de remociones que se ha replicado en distintos tribunales del país.
Entre los jueces separados del cargo figura Amiena A. Khan, supervisora adjunta y una de las funcionarias con mayor peso dentro de ese tribunal. La salida simultánea de estos ocho magistrados representa un golpe significativo para un juzgado que opera habitualmente con 34 jueces. A escala nacional, la cifra de jueces removidos este año ronda los 90, aunque 36 ya han sido reemplazados, incluidos dos en la misma sede neoyorquina.
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Fuentes sindicales y exjueces sostienen que los despidos se concentran en magistrados catalogados como “demasiado indulgentes” en la valoración de los casos migratorios. Ese criterio informal, señalan, ha generado un clima de incertidumbre entre quienes permanecen en funciones. Carmen María Rey Caldas, exjueza destituida en agosto, advierte que el mensaje ha sido claro: “Ahora todos se preguntan si podrán seguir tomando decisiones sin temor a represalias”.
¿Cómo afectarán estos cambios a la imparcialidad de los tribunales?
El recorte de jueces, sumado a la presión por acelerar las deportaciones, ha encendido alertas entre organizaciones de derechos civiles. Para especialistas, el ambiente de miedo podría erosionar la independencia judicial en cortes ya sobrecargadas y dejar a miles de migrantes con menos garantías en sus procesos.
