Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald Trump anunció nuevas restricciones fiscales dirigidas a inmigrantes indocumentados, acompañadas de una vigilancia más estricta sobre las remesas enviadas al extranjero. Las medidas, instruidas directamente desde la Casa Blanca, buscan frenar la migración y reducir el acceso de extranjeros sin estatus legal a beneficios que antes podían solicitar bajo ciertos criterios.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, detalló que los créditos reembolsables como el Crédito por Ingreso del Trabajo, el Crédito Adicional por Hijos, el Crédito de la Oportunidad Americana y el Crédito por Aportaciones a Cuentas de Ahorro quedarán limitados estrictamente para ciudadanos estadounidenses y residentes que cumplan requisitos reforzados. Aquellos que no acrediten estatus o documentación fiscal completa serán excluidos automáticamente.
Bessent respaldó un mensaje previo de Trump en la red X, donde el presidente afirmó que un migrante con residencia legal y un ingreso anual de 30 mil dólares puede recibir “aproximadamente” 50 mil dólares en beneficios públicos para su familia. El anuncio se da en un clima tenso, marcado por el tiroteo ocurrido esta semana en Washington D.C., donde un ciudadano afgano atacó a miembros de la Guardia Nacional, dejando una soldado muerta y otra gravemente herida.
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En paralelo, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta dirigida a empresas dedicadas a envíos internacionales de dinero. Solo en 2024, las remesas enviadas desde Estados Unidos superaron los 72 mil millones de dólares. La advertencia subraya el riesgo de que actores criminales utilicen estos sistemas para financiar actividades ilícitas como terrorismo, narcotráfico o lavado de dinero.
¿Cómo afectarán estas medidas a los envíos de dinero y al acceso de los inmigrantes al sistema financiero?
Según Bessent, la mayoría de las remesas seguirán fluyendo con normalidad, pero los indocumentados quedarán impedidos de usar instituciones financieras para mover recursos de origen ilícito. Además, las empresas deberán reportar cualquier operación sospechosa que involucre montos desde los 2 mil dólares.
