Estados Unidos. A días de que entre en vigor una de las legislaciones migratorias más polémicas en Estados Unidos, organizaciones defensoras de derechos civiles reactivaron su estrategia legal para impedir su aplicación en Texas. El nuevo recurso judicial pretende detener disposiciones clave de la ley conocida como SB4, que ampliaría las facultades de autoridades estatales y locales en materia migratoria.
La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, quienes acudieron a un tribunal federal con el objetivo de suspender partes específicas de la legislación antes de su implementación programada para el 15 de mayo.
Esta ley permitiría que policías estatales, autoridades locales e incluso jueces participen directamente en la detención y procesamiento de personas sospechosas de ingresar de manera irregular al país, lo que ha encendido alertas entre organismos de derechos humanos.
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El Proyecto de Ley del Senado 4 contempla castigos que van desde seis meses de prisión por ingreso irregular, hasta penas que podrían alcanzar los 20 años en casos de reincidencia. Además, abre la puerta a que jueces locales ordenen deportaciones, una facultad que tradicionalmente corresponde al gobierno federal.
Aunque la legislación fue aprobada en 2023, su aplicación había sido detenida por litigios anteriores. Sin embargo, una reciente resolución judicial que cuestionó la legitimidad procesal de los demandantes dejó el camino libre para su posible entrada en vigor, lo que motivó la nueva ofensiva legal.
Desde la ACLU, su directora legal en Texas, Adriana Piñon, advirtió que esta normativa representa un cambio significativo en el rol de las autoridades estatales, al convertirlas en actores directos de la política migratoria. También señaló que podría afectar a personas con arraigo o incluso con estatus legal.
¿Qué puntos clave buscan bloquear las organizaciones defensoras?
Las agrupaciones impulsoras de la demanda centran su estrategia en frenar aspectos específicos de la ley que consideran inconstitucionales y que podrían vulnerar derechos fundamentales de las personas migrantes.
Facultades en disputa y tensión política
El recurso legal busca impedir la criminalización del reingreso sin autorización, las sanciones por incumplir órdenes judiciales estatales en temas migratorios, la capacidad de jueces locales para ordenar deportaciones y la continuidad de procesos penales aun cuando existan casos migratorios en curso. Con ello, las organizaciones intentan evitar que Texas asuma funciones que corresponden al ámbito federal.
El contexto político también influye en este escenario. El gobernador Greg Abbott ha impulsado una agenda más estricta en materia migratoria, presionando a ciudades como Houston, Dallas y Austin para fortalecer la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en medio de un debate nacional marcado por posturas encontradas frente al endurecimiento de las políticas migratorias.
