Estados Unidos. La polémica ley SB4 en Texas entró en vigor este viernes 24 de abril de 2026, luego de que un Tribunal de Apelaciones autorizara su aplicación pese a las impugnaciones presentadas por organizaciones civiles. Con esta decisión, las autoridades estatales podrán detener y expulsar del país a personas que sospechen se encuentran en Estados Unidos de manera irregular.
La legislación, aprobada desde 2023 por el Congreso estatal, había permanecido suspendida tras diversas demandas promovidas por grupos defensores de derechos humanos. Sin embargo, el fallo judicial determinó que dichas organizaciones no cuentan con el derecho procesal para impugnar la norma, lo que abrió la puerta a su implementación inmediata.
La SB4 convierte en delito estatal el ingreso irregular desde México, con sanciones que van desde hasta seis meses de cárcel, hasta penas de 20 años en casos de reincidencia. Además, otorga a policías locales la facultad de arrestar y retener a sospechosos, así como a jueces estatales la posibilidad de ordenar su expulsión a territorio mexicano.
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Diversas organizaciones, entre ellas American Gateways y American Immigrant Advocacy Center, habían advertido que la ley invade competencias exclusivas del gobierno federal en materia migratoria. También señalaron que podría obstaculizar el derecho de los migrantes a solicitar asilo y propiciar actos de discriminación contra comunidades hispanas y minorías raciales.
La aprobación de esta norma se remonta al periodo del expresidente Joe Biden (2021-2025), en medio de tensiones entre el gobierno de Texas y la administración federal por el aumento en los cruces irregulares en la frontera sur.
¿En qué contexto entra en vigor la ley SB4 y qué efectos podría tener?
La entrada en vigor de la SB4 ocurre en un escenario distinto al que motivó su creación: bajo la actual administración de Donald Trump, los cruces irregulares han disminuido a niveles mínimos en años, mientras que se ha intensificado una política de arrestos masivos de migrantes dentro del país.
En este contexto, el gobernador Greg Abbott ha incrementado la presión sobre ciudades como Houston, Dallas y Austin para fortalecer la colaboración entre policías locales y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), pese a la resistencia de sectores ciudadanos que rechazan las políticas de línea dura.
Como resultado de este endurecimiento, los arrestos de migrantes sin antecedentes penales han aumentado un 770 por ciento en el último año, mientras que las detenciones en la vía pública superaron el mil por ciento, de acuerdo con datos del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley.
