Nicaragua.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua anuló de manera “definitiva” los títulos de 26 abogados críticos del presidente Daniel Ortega, lo que se suma a otras acciones de represión y persecución que se han presentado en el país desde 2018 y que parecen estar intensificándose mucho más en los últimos meses.
De acuerdo con una resolución de la CSJ emitida la noche del jueves 11 de mayo, 25 de los juristas afectados habían sido despojados de su nacionalidad nicaragüense hace tres meses. De ellos, 15 estuvieron presos y fueron expulsados del país, como parte de un grupo de 222 opositores deportados a Estados Unidos el 9 de febrero.
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Los restantes son parte de casi un centenar de opositores exiliados que también en febrero fueron declarados “apátridas” por el gobierno sandinista y expropiados de todos sus bienes en Nicaragua.
Según se informó, a los 26 abogados cuyos títulos han sido anulados, se les dio un plazo de 24 horas para entregar sus protocolos y sellos que los acreditaban para trabajar. Estos juristas “ilegalizados” forman parte de una “lista negra” que incluye al reconocido escritor Sergio Ramírez, exiliado en España; a los defensores de derechos humanos Gonzalo Carrión y Álvaro Leiva, exiliados en Costa Rica, así como a Uriel Pineda y Mónica López Baltodano, exiliados en México, entre otra serie de “presos políticos” en el país.
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Sin embargo, uno de los casos que más ha llamado la atención es el de la abogada Vilma Núñez, de 84 años y fundadora de la ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a quien Ortega le despojó de su nacionalidad, le congeló sus cuentas bancarias y le canceló su pensión de vejez.
