Guatemala. El gobierno de Guatemala anunció el fin del convenio que permitió, durante 27 años, la presencia de médicos cubanos en comunidades rurales y de difícil acceso del país. La medida marca un giro en la política sanitaria y establece que los profesionales extranjeros serán sustituidos de manera paulatina por personal médico guatemalteco.
El acuerdo, vigente desde 1998, se puso en marcha tras el impacto del huracán Mitch, con el objetivo de atender a poblaciones que habían quedado sin servicios básicos de salud. En su momento de mayor alcance, la brigada cubana estuvo integrada por 412 especialistas distribuidos en 16 de los 22 departamentos del país, con cobertura en áreas como pediatría, oftalmología, epidemiología y medicina interna.
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De acuerdo con datos oficiales, los equipos médicos llegaron a regiones donde la atención sanitaria era prácticamente inexistente, en un país donde el 59 % de sus 18,7 millones de habitantes vive en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Las autoridades reconocieron que la cooperación tuvo un impacto directo en comunidades históricamente marginadas.
¿Qué ocurrirá con la cobertura médica en las zonas rurales tras la salida de los médicos cubanos?
El Ministerio de Salud aseguró que la sustitución se realizará de forma gradual y exclusivamente con profesionales nacionales, siguiendo un calendario interno que no fue detallado públicamente. La Cancillería guatemalteca confirmó que la decisión fue notificada a la embajada de Cuba y precisó que los servicios de la brigada médica concluirán conforme a los plazos previamente establecidos.
Un cambio en el mapa de la cooperación sanitaria
La salida del personal cubano se da en un contexto regional e internacional más amplio, marcado por la reducción de misiones médicas de La Habana en el exterior. Hasta 2025, Cuba mantenía alrededor de 24 mil profesionales de la salud en 56 países, un modelo de cooperación que ha sido cuestionado por Estados Unidos. En Guatemala, especialistas advierten que el relevo con médicos nacionales implicará mayores inversiones en formación, infraestructura y logística para evitar afectaciones en la atención de las comunidades más apartadas del país.
