Estados Unidos. El estado de Nueva York se sumó formalmente al grupo de entidades estadounidenses que permiten la muerte médicamente asistida. La gobernadora Kathy Hochul promulgó una ley que autoriza este procedimiento para personas con enfermedades terminales y un pronóstico de vida menor a seis meses, bajo un esquema legal que incorpora salvaguardas reforzadas y que entrará en vigor a partir del mes de julio.
La normativa es resultado de un proceso de negociación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso estatal, luego de que la propuesta inicial fuera modificada para ampliar las garantías tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud. Entre los cambios más relevantes se mantiene la prohibición de obligar a médicos, enfermeras o instituciones a participar en el procedimiento, respetando así la objeción de conciencia.
Desde el gobierno estatal se insistió en que la prioridad de la ley es proteger la voluntad del paciente y evitar cualquier tipo de presión externa. La gobernadora reconoció que el tema representa un dilema ético y personal, especialmente por sus convicciones religiosas, pero aseguró que la decisión se tomó tras escuchar durante años a expertos médicos, organizaciones civiles y familias que han enfrentado procesos terminales prolongados.
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Con esta legislación, Nueva York se convierte en el estado número catorce del país en permitir la muerte asistida, integrándose a una tendencia iniciada por Oregón en los años noventa y que con el tiempo se ha extendido a otras entidades bajo distintos modelos legales.
¿De qué manera se busca evitar abusos en la aplicación de la ley?
El marco jurídico establece un periodo mínimo de espera de cinco días entre la prescripción del fármaco y su administración, exige que la solicitud del paciente quede documentada mediante grabación de audio o video y obliga a una evaluación psicológica previa para confirmar que no existan trastornos que influyan en la decisión. Además, se prohíbe que personas con intereses económicos en el fallecimiento participen como testigos o intérpretes, con el objetivo de blindar el proceso frente a posibles conflictos de interés.
Preparación del sistema de salud
Para asegurar su correcta implementación, la ley contempla un periodo de seis meses antes de entrar en vigor, tiempo en el que el Departamento de Salud deberá emitir los lineamientos operativos y capacitar al personal médico. Las autoridades consideran esta etapa fundamental para que hospitales y clínicas cuenten con protocolos claros y el procedimiento se aplique bajo criterios éticos, legales y médicos estrictos.
