El Salvador. El número de personas fallecidas bajo custodia del Estado en El Salvador continúa en aumento en medio del régimen de excepción implementado desde marzo de 2022. De acuerdo con el más reciente balance de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), al menos 517 personas han perdido la vida en distintos centros penitenciarios del país, muchas de ellas sin haber enfrentado un proceso judicial.
El informe incorpora la muerte reciente de cinco detenidos, lo que refuerza las preocupaciones de colectivos civiles sobre las condiciones en que permanecen miles de personas arrestadas durante esta política de seguridad. La organización ha documentado los casos mediante testimonios de familiares y seguimiento independiente, ante la limitada información oficial disponible.
Las muertes se concentran principalmente en centros penitenciarios como Izalco y La Esperanza, donde se encuentra la mayor parte de los más de 91 mil detenidos desde que inició la medida. En contraste, persiste la falta de datos públicos sobre lo que ocurre dentro del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), considerado uno de los emblemas del actual sistema carcelario salvadoreño.
Según los registros recabados, el 94 por ciento de las personas fallecidas no tenía vínculos comprobados con pandillas, lo que ha encendido alertas sobre posibles detenciones indiscriminadas. Además, el SJH advierte que la cifra real de muertes podría ser mayor, incluso superando el millar.
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En cuanto a las causas, aproximadamente un tercio de los decesos corresponde a hechos violentos, mientras que otro porcentaje similar estaría relacionado con la falta de atención médica oportuna. Estas conclusiones provienen, en gran medida, de relatos de familiares, debido a la reserva de los registros oficiales.
El régimen de excepción fue instaurado tras un repunte de violencia atribuido a pandillas que dejó más de 80 víctimas en pocos días. Desde entonces, el gobierno encabezado por el presidente Nayib Bukele ha defendido su continuidad como una herramienta clave para reducir la criminalidad, con respaldo legislativo.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado al menos 6 mil 889 denuncias por presuntos abusos durante su aplicación, principalmente por detenciones arbitrarias, muchas de ellas atribuidas a elementos policiales.
¿Qué implicaciones tiene el aumento de muertes bajo custodia estatal?
El incremento sostenido de fallecimientos dentro del sistema penitenciario plantea cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión, el acceso a la justicia y el respeto a los derechos fundamentales, especialmente en casos donde las personas aún no han sido condenadas.
Señalamientos por violaciones a derechos humanos
Diversas organizaciones coinciden en que, si bien el régimen de excepción ha contribuido a reducir los niveles de homicidio, también ha generado un entorno de alta vulnerabilidad para los detenidos. Las denuncias apuntan a un sistema penitenciario sobrecargado, con controles limitados y escasa transparencia, lo que dificulta esclarecer responsabilidades y garantizar la protección de quienes permanecen bajo custodia del Estado.
