Estados Unidos. El condado de Los Ángeles abrió un nuevo frente político y legal frente a las redadas migratorias al proponer la creación de “zonas libres de ICE”, espacios donde los agentes federales de inmigración no podrían operar sin autorización expresa. La iniciativa surge en un contexto de creciente tensión por operativos considerados cada vez más agresivos y peligrosos en lugares públicos.
La Junta de Supervisores aprobó una moción que pone en marcha el proceso legislativo para blindar edificios y predios bajo control del condado. La propuesta busca impedir que estas propiedades sean utilizadas como centros de detención, procesamiento o bases operativas de inmigración civil. Según autoridades locales, la presencia de agentes en parques, clínicas y oficinas gubernamentales ha comenzado a inhibir que los residentes accedan a servicios básicos, como atención médica o trámites públicos.
“Cuando el miedo empuja a la gente a esconderse, la función del espacio público se rompe”, advirtieron los supervisores.
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La iniciativa ordena al abogado del condado elaborar una ordenanza formal en un plazo máximo de 30 días. De ser aprobada, establecería límites claros al uso de propiedades públicas, protegiendo a los ciudadanos de intervenciones federales sin autorización local. Este debate se enmarca en un escenario nacional donde los enfrentamientos durante operativos migratorios han escalado en violencia, especialmente en estados como Minnesota y California.
¿Qué cambió en la política migratoria para llegar a este punto?
El aumento en las acciones agresivas del ICE se vincula con un giro en la política federal durante el último año. Antes del regreso de Donald Trump a la presidencia, los agentes tenían prohibido realizar arrestos en lugares considerados sensibles, como escuelas, hospitales y templos. La eliminación de esas restricciones amplió su margen de acción y, según registros de organizaciones como The Trace, ya se contabilizan al menos cinco muertes durante operativos migratorios bajo la actual administración. Este historial ha motivado a gobiernos locales como el de Los Ángeles a buscar sus propias medidas de protección.
Violencia que reaviva la polémica
Los recientes incidentes de violencia han avivado el debate sobre la estrategia federal. Un caso que generó indignación ocurrió en Minnesota, donde un agente del ICE disparó contra René Good, ciudadana estadounidense de 37 años, durante una protesta. Videos difundidos en redes sociales muestran a Good rodeada por agentes mientras su vehículo avanzaba unos metros y colisionaba con otro automóvil, sin evidencia de intento de atropello. Este tipo de sucesos refuerza la percepción de que la presencia del ICE en espacios públicos puede derivar en riesgos graves para la población civil.
