San José.- El cobrador del frac, un hombre con
maletín, traje y sombrero de copa negros y camisa blanca, solía generar
temor en Centroamérica: los prestamistas lo enviaban a pararse frente a
las casas de personas con deudas añejas para exhibirlas como “mala pagas”, avergonzarlas ante sus vecinos y seguirlas al trabajo u otro sitio para que el bochorno fuera mayor.
Aunque la costumbre del incómodo individuo se perdió, ha surgido una
versión adaptada a nuevas realidades y cuestionada por defensores de
derechos humanos: la policía de Nicaragua lanzó un plan de combate al narcomenudeo que alienta a los nicaragüenses a marcar viviendas con el rótulo “Aquí se vende droga”.
Acompañadas por efectivos policiales, barriadas nicaragüenses
acostumbran realizar marchas pacíficas y pintar las viviendas
reconocidas como expendios de drogas, en lo que se convierte en presión
popular sobre la policía de Nicaragua para que ataque a los
narcotraficantes.
“Son movilizaciones en las que se le dice a la policía: ?aquí se
vende droga’. Hay expendedores que han tenido que irse a otro barrio”, señaló el comisionado mayor Fernando Borge, vocero policial de Nicaragua. “Y
ha habido barrios en los que la gente detecta a los que vienen de un
barrio que los sacó por vender droga, no los dejan asentarse y entonces
tienen que irse. Hay reproche y movilización social”, relató, durante una entrevista con EL UNIVERSAL.
Con información aportada por los pobladores, los lugares usados para
vender droga son detectados e investigados para allanarlos y capturar a
sus operadores, subrayó. “Estamos incidiendo fundamentalmente sobre abastecedores de droga al narcomenudeo”, confirmó.
Tras negar que los policías marquen casas, explicó que si la población
señala los sitios de venta de estupefacientes ilícitos quizás no
avergüence a sus ocupantes, pero obliga a la policía a investigar,
confirmar las denuncias y allanar para detener a los supuestos
traficantes.
“La gente anda en movilización contra la droga y la policía la
protege y acompaña en esas marchas. No hay miedo, no hay temor para
indicarle a la policía dónde se vende droga”, aseveró, al descartar el riesgo de arbitrariedades.
El trabajo es parte de la “Operación Coraza Popular”, que fue
lanzada en febrero pasado en los 153 municipios de Nicaragua por la
Policía Nacional y con elementos preventivos de drogadicción -en
familias, comunidades y centros educativos-, institucionales -para
rescatar, desintoxicar, rehabilitar y reinsertar a las víctimas- y
policiales.
Lesiones sociales
La marca de viviendas inquieta a ONGs como el Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos
de Nicaragua (CPDH).
Al pintar una casa con “Aquí se vende droga”, se alienta el miedo, el odio y la discriminación social, según Cenidh. “Cuestionamos a la Policía porque esto violenta los derechos humanos”, advirtió el nicaragüense Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH.
En una entrevista con este periódico, Carmona declaró que las pintas en casas son
“un show mediático de la policía ante la población, para que se diga
que combate la narcoactividad. Pero hay una lesión a los derechos
humanos de las personas, cuando se les expone con marcas en sus casas
sólo porque se supone que venden estupefacientes”.
Con las marcas, lamentó, se viola la propiedad privada y existe el peligro de “afectar la integridad” de otros ocupantes de las casas, como niños y adolescentes, “a los que se expone a la crítica ante la sociedad”.
“Se violan sus derechos humanos porque les lesionan la parte
sicológica. Lamentablemente, si a alguien se le señala como ladrón,
seguirá señalado como ladrón. No hay respeto a la dignidad de las
personas y la policía no contribuye a evitar esas cosas. La
narcoactividad se combate erradicando a los cárteles fuertes y la
policía sabe quiénes son los grandes expendedores y no actúa”, insistió.
Pero el portavoz policial respondió que aunque se reconoce el impacto
sobre menores y adolescentes que viven en expendios de droga, el combate
en barriadas se coordina con el Ministerio de la Familia y la Comisaría
de la Mujer.
“Es fácil criticar sin proponer ninguna otra alternativa”, replicó Borge.
“Hay una preocupación que debe primar: proteger a la juventud y a la
sociedad y al futuro de Nicaragua. Si la Operación está encaminada a
frenar el narcomenudeo, a rescatar a los jóvenes, a articular el trabajo
de la sociedad para construir espacios cada vez más seguros, lo que se
debería de hacer es propositivamente. Y si (los activistas de derechos
humanos) dicen que no les gusta algo, que propongan”, dijo.
Pago en especie
Con una posición geográfica clave entre los centros de producción de
cocaína en América del Sur y los grandes mercados de consumo en Estados
Unidos, Nicaragua sufre el embate de los cárteles del narcotráfico
internacional que utilizan corredores aéreos, terrestres y marítimos de
Centroamérica para poder contrabandear drogas.
Investigaciones del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas
Públicas de Nicaragua revelaron que ocho fuertes grupos de
narcotraficantes, en especial ligados a colombianos, operan en la costa
caribeña nicaragüense, mientras que las mafias mexicanas están
desplegadas en Managua y Rivas, en el sector del Pacífico del país. La
cúpula policial nicaragüense admitió el año pasado que 17 bandas locales
respaldan a las narcomafias en el Pacífico de Nicaragua.
En un país en el que investigadores del fenómeno tenían identificados, para diciembre de 2011, más de 600 “narcoexpendios”
en sus barriadas, el narcomenudeo es un negocio alimentado por una
práctica que, de acuerdo con agencias antidrogas centroamericanas, los
contrabandistas colombianos y mexicanos aplican hace varios años en sus
operaciones de transporte de droga de Colombia a México, vía
Centroamérica.
En vez de pagar con dinero en efectivo a sus socios del istmo por la
venta de combustible para lanchas y aeronaves, alquiler de bodegas y
vehículos y por otros servicios en la logística general y demás detalles
del tráfico de estupefacientes, colombianos y mexicanos cancelan sus
deudas con paquetes de cocaína.
Para recuperar su inversión con ganancias, los centroamericanos deben
crear sus cadenas de tráfico interno para vender la droga recibida como
pago, con lo que estimulan el consumo local y aumentan las redes de
delincuencia. Esta misma situación se repite en el mercado nicaragüense.
CHG
