Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, volvió a poner el foco sobre la política migratoria al presentar al presidente Donald Trump una propuesta para cerrar completamente las fronteras a viajeros procedentes de ciertos países. Aunque no precisó cuáles, describió a quienes llegan desde esas naciones como “invasores” que representan una amenaza para la seguridad nacional.
En un mensaje difundido en X, Noem empleó un lenguaje contundente al referirse a estos grupos como “asesinos, sanguijuelas y adictos a las prestaciones sociales”. Según la funcionaria, su presencia genera una carga para los recursos públicos y pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
“Nuestros antepasados construyeron esta nación con sangre, sudor y amor por la libertad, no para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes ni agoten nuestros impuestos”, señaló.
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La propuesta surge luego del ataque ocurrido la semana pasada en Washington, cuando un inmigrante afgano disparó contra miembros de la Guardia Nacional, causando la muerte de uno de ellos. En respuesta, el presidente Trump anunció la congelación temporal de solicitudes de asilo y la suspensión de trámites para ciudadanos afganos, incluidos aquellos que colaboraron con tropas estadounidenses.
Además, Trump evaluó un posible bloqueo migratorio permanente para personas procedentes de lo que denominó “países del Tercer Mundo”, aunque sin ofrecer una lista específica. Desde junio, su administración ya mantenía restricciones para Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, y limitaciones parciales para Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
¿Qué implicaciones podrían tener estas prohibiciones para la política migratoria y la seguridad nacional?
La iniciativa de Noem se enmarca en un endurecimiento general del control fronterizo, orientado a priorizar filtros de seguridad y reducir el ingreso de extranjeros considerados riesgosos. Los defensores del plan destacan que refuerza la protección interna, mientras que críticos alertan sobre posibles violaciones a derechos humanos y el impacto en la movilidad internacional.
