Brasil.- El senador Flávio Bolsonaro – hijo del expresidente Jair Bolsonaro – anunció oficialmente su candidatura para las elecciones presidenciales de Brasil en 2026, con lo que buscaría ser el relevo político de la familia tras la reciente sentencia de 27 años en prisión impuesta a su padre por golpismo.
Este viernes 5 de diciembre de 2025, tras varias semanas de especulaciones, el hijo mayor de Bolsonaro, quien además es figura central del Partido Liberal (PL), informó mediante su cuenta de X que encabezará el proyecto político de la derecha brasileña en los comicios previstos para octubre de 2026:
Con gran responsabilidad confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación.
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El senador arremetió contra el actual gobierno del presidente Lula da Silva al señalarlo de “robar a los jubilados” y permitir el avance del narcotráfico, la caída de las perspectivas para los jóvenes y el supuesto saqueo de las empresas estatales:
No voy a quedarme con los brazos cruzados viendo cómo la esperanza de las familias se apaga y nuestra democracia sucumbe (…) Nuestro país vive días difíciles, en los que muchos se sienten abandonados (…), se crean o aumentan constantemente nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen perspectivas de futuro.
Finalmente, el hijo de Jair Bolsonaro dirigió unas palabras a sus seguidores y aprovechó para acompañar su mensaje de un tinte religioso, ya que agregó:
Me pongo ante Dios y ante Brasil para cumplir esta misión. Sé que Él irá delante de nosotros, abriendo puertas, derribando muros y guiando cada paso de este viaje.
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¿Por qué delitos condenaron a Jair Bolsonaro?
- Golpe de Estado (con una pena de 4 a 12 años de cárcel)
- Intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho (con una pena de 4 a 8 años de cárcel)
- Organización criminal armada (con una pena de 3 a 8 años de cárcel)
- Deterioro de patrimonio protegido (con una pena de 1 a 3 años de cárcel)
- Daño calificado contra patrimonio público (con una pena de 6 meses a 3 años de cárcel
