Estados Unidos.- El gobierno de Joe Biden presentó este miércoles 3 de enero una demanda contra Texas para impugnar una ley de inmigración (ley SB4) que tipifica como delito estatal la entrada o reentrada ilegal en Texas desde un país extranjero y otorga a las autoridades policiales la facultad de detener y procesar a los “infractores”.
La demanda argumenta que el estado de Texas y su gobernador, Greg Abbott, han violado las cláusulas de supremacía y la de comercio exterior de la Constitución de Estados Unidos, ya que esta asigna el gobierno federal la autoridad exclusiva para regular la inmigración y gestionar las fronteras internacionales.
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La demanda presentada por Washington en la Corte del Distrito Oeste de Texas, con sede en Austin, detalla:
Debido a que la ley federal tiene prioridad sobre la SB4 y viola la Constitución de Estados Unidos, el Departamento de Justicia busca una declaración de que la SB4 es inválida y una orden que prohíba de manera preliminar y permanente al estado hacer cumplir la ley.
La demanda se da luego de que, la semana pasada, el Departamento de Justicia enviara a Abbott una carta en la que amenazaba con emprender acciones legales a menos de que Texas diera marcha atrás. Sin embargo, en ese momento Abbott respondió en rede sociales que el gobierno de Biden “no sólo se niega a aplicar las actuales leyes de inmigración de Estados Unidos, sino que ahora quiere impedir que Texas aplique las leyes contra la inmigración ilegal”.
Texas espera que la polémica ley entre en vigor desde el próximo 5 de marzo, pues Abbott busca que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia con la expectativa de que los magistrados conservadores avalen la medida migratoria.
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No obstante, la actual demanda sostiene que la ley de Texas crearía nuevos delitos estatales que intentan regular la inmigración, por lo que el proyecto de ley ha sido calificado como “inconstitucional”:
La SB4 es claramente inconstitucional. Bajo la cláusula de supremacía de la Constitución y el precedente de larga data de la Corte Suprema, los estados no pueden adoptar leyes de inmigración que interfieran con el marco promulgado por el Congreso
Mientras tanto, Texas continúa librando batallas judiciales separadas para mantener el alambre de púas en la frontera con México y una barrera flotante en el Río Grande.
