Estados Unidos. La política de financiamiento federal para pequeñas empresas en Estados Unidos sufrirá un cambio sustancial a partir del 1 de marzo, cuando los empresarios con residencia permanente legal queden excluidos de los principales programas de crédito gubernamental. La decisión, impulsada por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), redefine los criterios de elegibilidad y limita el acceso únicamente a compañías con propiedad totalmente estadounidense.
De acuerdo con un memorando interno de la agencia, solo podrán solicitar préstamos aquellas empresas cuyo 100 % de los propietarios sean ciudadanos de Estados Unidos y residan dentro del país. Esto deja fuera a miles de emprendedores con green card, pese a que operen legalmente, generen empleos y cumplan con sus obligaciones fiscales.
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El impacto se concentra especialmente en el programa 7(a), el instrumento más popular de la SBA para otorgar capital de trabajo, adquirir maquinaria o financiar expansiones, con montos que pueden alcanzar hasta cinco millones de dólares. Hasta ahora, este esquema había sido una de las principales vías de apoyo para negocios fundados o dirigidos por migrantes con estatus legal.
El giro no surgió de manera abrupta. En diciembre pasado, la SBA ya había endurecido los requisitos al permitir únicamente una participación extranjera máxima del 5 %, incluyendo residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses que vivieran fuera del país. La nueva directriz elimina por completo esa posibilidad y rompe con el criterio anterior, que exigía solo que el 51 % de la empresa estuviera en manos de un ciudadano estadounidense residente.
Reacciones políticas y críticas al cambio
La decisión generó una respuesta inmediata desde el ámbito legislativo. El senador Edward J. Markey y la congresista Nydia Velázquez, integrantes de los comités de Pequeñas Empresas, acusaron a la SBA de dar un golpe directo a los inmigrantes legales que impulsan el emprendimiento y la creación de empleo.
Ambos legisladores recordaron que desde septiembre habían recibido advertencias de prestamistas sobre las trabas que estaban generando los nuevos filtros de ciudadanía. En diciembre, incluso, enviaron una carta formal a la agencia alertando sobre la reducción en la aprobación de créditos, sin que hasta ahora exista una postura pública de la SBA.
¿Qué implica esta decisión para los emprendedores migrantes?
La medida obliga a los empresarios con residencia permanente a recurrir al sistema financiero privado, donde las tasas de interés suelen ser más altas y los requisitos más estrictos. En la práctica, esto limita las posibilidades de crecimiento, inversión y estabilidad para miles de negocios, al tiempo que reabre el debate sobre el papel económico de los inmigrantes legales y el alcance real del respaldo gubernamental al sector de pequeñas empresas en Estados Unidos.
