Nicaragua.- El régimen de Daniel Ortega mantiene a Nicaragua como un escenario de represiones y violaciones constantes a los derechos humanos, es por esto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha declarado a este como un país en “desacato permanente”.
Pese a las fuertes críticas y sanciones impuestas a Nicaragua, el gobierno se ha negado a liberar a los opositores encarcelados, muchos de los cuales fueron privados de la libertad injustificadamente. Y es precisamente por esto que la CorteIDH ha tomado tal determinación, advirtiendo además que la problemática será expuesta ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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La entidad de DDHH señaló que el gobierno de Nicaragua ha negado y rechazado medidas provisionales dictadas en favor de 75 opositores presos, por lo que enfatizan:
(…) subsiste un desacato prolongado por parte del Estado que pone en una situación cada vez más vulnerable a los beneficiarios de las medidas provisionales e implica un incremento en la situación de riesgo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado la orden en todos los casos de realizar la liberación de los opositores presos, entre los cuales figuran desde políticos y empresarios hasta estudiantes y líderes religiosos. Además, la entidad denunció las malas condiciones en las que estas personas están recluidas y que podrían llegar a causar “daños irreparables a sus derechos a la vida, integridad, salud y alimentación”. Agregan:
La manifestación de no aceptación y rechazo del Estado a las medidas provisionales adoptadas por esta Corte, la prolongación de la detención de los beneficiarios de las medidas provisionales mantiene a las personas en un estado de desprotección absoluta.
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El actual comportamiento de Daniel Ortega y su gobierno en Nicaragua continúa siendo altamente cuestionado por la comunidad internacional, pues desde Joe Biden hasta la Asamblea de las Naciones Unidas han hecho un llamado para restaurar el orden en el país. Sin embargo, el político permanece inamovible en sus decisiones, aun cuando estos impliquen violaciones a los derechos de su pueblo.
