Estados Unidos. Luego de más de dos meses de parálisis administrativa, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que permitirá restablecer parcialmente las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional, aunque con ajustes significativos en su alcance.
La propuesta, que ya contaba con el visto bueno del Senado, será enviada al presidente Donald Trump para su firma. De ser promulgada, permitirá reanudar actividades esenciales como las de la Administración de Seguridad en el Transporte y el Servicio Secreto, que permanecían afectadas por la falta de presupuesto.
El cierre parcial del gobierno federal inició el 14 de febrero y se ha prolongado durante 75 días, en medio de tensiones políticas derivadas de un bloqueo legislativo encabezado por legisladores demócratas. La disputa se intensificó tras la muerte de dos ciudadanos en enero durante operativos migratorios realizados por agencias vinculadas al Departamento.
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Como parte de las negociaciones, el nuevo presupuesto deja fuera a dependencias clave en materia migratoria, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Esta exclusión ha sido vista como un punto de concesión en medio del conflicto político.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, defendió el acuerdo pese a críticas dentro de su propio partido. Sostuvo que la oposición no obtuvo beneficios sustanciales y reiteró la necesidad de mantener firmes las políticas de seguridad fronteriza.
¿Qué implica la exclusión de las agencias migratorias en el nuevo presupuesto?
La decisión limita el acceso a recursos para las instituciones encargadas de aplicar las leyes migratorias, lo que impacta temporalmente su capacidad operativa dentro del marco financiero aprobado, aunque no elimina sus funciones legales.
Retrasos y tensiones en el proceso legislativo
El camino hacia la aprobación también evidenció divisiones internas. Según explicó Johnson, el proyecto original presentó problemas de redacción y organización, lo que obligó a realizar ajustes antes de lograr su aprobación final, retrasando aún más una solución al cierre parcial.
