?Bogotá.- Ayer el Congreso colombiano aprobó la adhesión de Colombia a la
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra
las Desapariciones Forzosas, adoptada en 2006 por la ONU.
Mientras que en 2005 se promulgó la Ley de Justicia y Paz, como marco
legal para la desmovilización de los grupos armados ilegales, que
arrancó confesiones a los ejecutores.
A pesar de los esfuerzos, sólo se han recuperado tres mil 200 cuerpos,
de los cuales se han identificado unos mil 200. Todo comienza con la
confesión del victimario sobre el crimen y el lugar de la matanza;
después los fiscales se introducen en las espesas selvas en busca de las
fosas, lo que suele llevar días de trabajo y caminatas.
En sus instalaciones trabajan doctores y especialistas que a diario
analizan, hueso a hueso, cajas repletas de esqueletos sobre una mesa de
quirófano.
El objetivo es que esos cuerpos, que llegan bajo las siglas “NN” ,
recuperen su nombre y apellido para poder ser entregados a sus familias,
en un acto casi divino de paz y reconciliación.
El freno de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, liderada por
Luis González, es que cuenta con 18 equipos y sólo nueve forenses para
realizar ese complejo proceso a lo largo y ancho del país.
Con casi 50 mil casos, Colombia está entre las naciones con mayor número
de desapariciones forzadas en el mundo, confesó el coordinador de la
Comisión Nacional de Búsqueda de la Defensoría del Pueblo, Andrés Peña.
Y en un contexto “difícil” porque “los países que han empezado a
destapar a sus desaparecidos están en situación de postconflicto” ,
cuando en Colombia sigue viva la confrontación armada.
Todo en un ambiente de extrema “tristeza” porque si bien la mayoría de
los victimarios “son miembros de grupos ilegales, paramilitares
principalmente y guerrillas, una parte muy importante corresponde a
agentes del Estado” , dijo Peña.
