Washington. En el primer año completo del actual gobierno de Donald Trump, la política migratoria estadounidense dejó una cifra contundente: 379 mil personas migrantes fueron arrestadas entre enero de 2025 y enero de 2026, según datos oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Las cifras fueron presentadas por Todd Lyons, director interino de la agencia, durante una comparecencia ante el Congreso, donde defendió la estrategia federal de control migratorio como un pilar de la seguridad nacional. De acuerdo con su informe, entre los detenidos se identificó a más de 7 mil presuntos miembros de pandillas y a alrededor de mil 400 personas catalogadas como terroristas confirmados o sospechosos.
Lyons sostuvo ante legisladores que las acciones de ICE responden a la directriz de exigir responsabilidades a quienes ingresan de manera irregular al país, subrayando que las operaciones se ajustan —según dijo— a los lineamientos establecidos por la administración en turno.
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El balance anual se da, además, en un clima de creciente tensión social. En semanas recientes, el gobierno federal redujo la intensidad de redadas en Minesota, luego de protestas ciudadanas derivadas de la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos encabezados por agentes federales.
Choque político por la ruta migratoria
El endurecimiento de la política migratoria también ha profundizado las diferencias en el Congreso. Legisladores demócratas han condicionado su respaldo a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a cambios sustantivos, como limitar operativos sin orden judicial y regular el uso de máscaras o coberturas faciales por parte de los agentes, mientras que los republicanos insisten en mantener la estrategia actual sin modificaciones de fondo.
¿Qué consecuencias tendría la falta de un acuerdo presupuestal para el DHS?
La ausencia de consenso entre ambas fuerzas políticas mantiene en vilo a la dependencia responsable de la política migratoria y de la seguridad interna del país.
Si no se alcanza un acuerdo antes del cierre de la semana, el DHS podría enfrentar un cierre administrativo que afectaría funciones clave, desde procesos migratorios y vigilancia fronteriza hasta operaciones de seguridad nacional, en un momento marcado por la polarización política y un debate cada vez más intenso sobre el rumbo de la política migratoria en Estados Unidos.
